El Tribunal Supremo de Israel deberá, finalmente, decidir si un acusado de delitos graves puede optar al cargo de primer ministro, una decisión que afectará de pleno a la formación de un Ejecutivo encabezado por Binyamín Netanyahu, sobre el que pesan tres cargos de corrupción.
Desde que se anunció el lunes el pacto para formar un gobierno de unidad nacional, el tribunal ha recibido tres peticiones para que prohíba que Netanyahu, acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza, pueda acceder a la jefatura de Gobierno. La ley israelí impide a un ministro seguir ocupando el cargo si es encausado, pero no dice nada sobre el primer ministro. En los últimos meses, el Supremo ha recibido hasta tres peticiones en este sentido, sin embargo, en todas ellas se ha negado a estudiar el asunto, alegando que se trataba de una cuestión hipotética que podría haber enturbiado las negociaciones.
Pero el pacto hace que la cuestión ya no sea solo hipotética. Si no hay resolución judicial contraria, el acuerdo estipula que Netanyahu será primer ministro hasta octubre del 2021, fecha en la que será sustituido por Beny Gantz, su máximo rival político hasta ahora y dirigente de la coliación de centro, Azul y Blanco. Por el momento, el tribunal ha dado de plazo al Estado para que se pronuncie sobre las peticiones antes del próximo jueves. Según el acuerdo entre los dos líderes de los partidos más votados, si el Supremo descalifica a Netanyahu para el cargo de primer ministro, el país tendrá que celebrar nuevas elecciones. Serían las cuartas en un año y medio, tras tres citas electorales en abril y septiembre del 2019 y marzo del 2020.
El juicio a Netanyahu tendría que haber empezado el pasado marzo, pero dos días antes de que se sentase en el banquillo se declaró la emergencia en el país por el coronavirus.
