El Tribunal Supremo donde Donald Trump ha conseguido instalar una mayoría conservadora ha vuelto a darle una importante victoria en materia de inmigración. Menos de mes y medio después de darle luz verde para apropiarse fondos del Pentágono para seguir construyendo el muro con México, el alto tribunal ha decidido permitirle aplicar las restricciones al asilo que aprobó el 15 de julio y que menos de diez días después frenó un juez federal de San Francisco mientras se dirimían los retos legales a la medida.

Así, mientras se resuelven esos casos en los tribunales inferiores, la Administración de Estados Unidos podrá empezar a negar el asilo a los inmigrantes que hayan pasado por otro país y no hayan solicitado la protección en su camino.

La decisión, que Trump calificó de «gran victoria» en un tuit, afectará especialmente a los centroamericanos, no mexicanos, que intentan llegar a EEUU, pero también a africanos, asiáticos y otros latinoamericanos que suelen llegar a la frontera sur del país y solicitar asilo.

Las juezas progresistas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor expresaron su disconformidad, con la última escribiendo que «es especialmente preocupante que la regla que promulgó el gobierno tumba décadas de prácticas asentadas de asilo y afecta a alguna de la gente más vulnerable en el hemisferio occidental».

El 24 de julio el juez Jon Tigar frenó en todo el país la aplicación de la medida de Trump argumentando que la directiva era «probablemente inconsistente con leyes existentes de asilo» que se aplican en EEUU desde los años 80 así como internacionales. Tigar también opinó que obligar a quienes buscan asilo a quedarse en zonas peligrosas podría causarles daño irreparable.

En agosto, no obstante, otro tribunal determinó que la cancelación de Tiger solo se podía aplicar en Arizona y California, estados incluidos en su distrito judicial, pero no en Nuevo México y Tejas y aunque esta misma semana Tiger había vuelto a intentar expandir su veto a todo el país y otra vez el tribunal de apelaciones había intentado limitarlo.

Ahora el Supremo da carta blanca, aunque no sea definitiva, para empezar a rechazar peticiones de asilo de guatemaltecos que hayan pasado por México o de hondureños y salvadoreños que hayan pasado por Guatemala y México si estos no han pedido asilo en el camino, con algunas excepciones si esas peticiones han sido rechazadas o si han sido víctimas de tráfico humano. De hecho, Ken Cuccinelli, director en funciones de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, anunció que su agencia «comenzará a implementar la regla tan pronto como sea posible».

Aunque la barrera afectará también a inmigrantes de otras nacionalidades que recorran distintos países antes de llegar a la frontera sur de EEUU, los principales afectados serán los centroamericanos. En lo que va de año fiscal en EEUU las autoridades fronterizas han detenido a 419.000 adultos y menores guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, frente a solo 4.312 mexicanos.

Según expuso la Unión Americana de Libertades Civiles en uno de los casos judiciales donde demandó a la Administración, «el veto virtualmente eliminará todo el asilo en la frontera sur, incluso en puertos de entrada, para todos salvo mexicanos. El tribunal no debería permitir tal cambio tectónico en la ley de asilo estadounidense». El pasado miércoles, tras el varapalo del Supremo, uno de los abogados del grupo, Lee Gelernt, quiso mostrar optimismo. «Es solo un paso temporal y esperamos triunfar al final. La vida de miles de familias está en juego», declaró a la agencia AP, cuya noticia es la que compartió Trump en su tuit.