“No acudí al Tribunal Supremo (TSJ) porque no voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor”, ha asegurado este martes la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dando por sentado que el máximo tribunal abrirá las puertas de la destitución durante el proceso que se ha iniciado en su contra este martes. “No he cometido delitos ni faltas, y no me someteré a este tribunal inconstitucional e ilegítimo (...) Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de Pedro Carmona”, ha añadido, al tiempo que ha comparado la acción del TSJ, avalada por el chavismo con una marcha, con los episodios de 1992 que derivaron en la salida provisional del poder de Hugo Chávez.
Ortega Díaz ha dado un giro total en su relación con el Gobierno. Fue la fiscal que, en su momento, avaló la cárcel del dirigente opositor Leopoldo López. Pero desde abril se ha convertido en una piedra en el zapato del presidente Nicolás Maduro. Ortega Díaz primero rechazó un intento de disolución del Congreso, en abrl pasado. Luego le dijo “no” a la elección de constituyentes que promueve Maduro, prevista para fin de mes, alegando la necesidad de preservar la obra de Chávez. Más tarde solicitó un antejuicio de mérito contra seis magistrados del TSJ y dos de sus suplentes por “conspirar contra la forma republicana de la Nación”. Su figura se convirtió desde entonces en la de una nueva heroína a los ojos de los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que antes la maldecían o consideraban un mero eslabón de la cadena del poder estatal. La MUD también salió este martes a la calle a defender su permanencia como “garante” de la Carta Magna. Otra vez tuvieron lugar enfrentamientos con la Guarda Nacional Bolivariana (GNB).
ASESINATOS Y SABOTAJES
Durante la sesión que debe decidir el juicio de Ortega Díaz, el diputado chavista, Pedro Carreño, que patrocina su separación del cargo, la acusó de no ocuparse en estos meses de protestas de los asesinatos de defensores de Maduro, incendios de almacenes donde se guardaba comida “para el pueblo”, ni de los sabotajes a los sistemas de suministro de luz y agua potable. Tampoco, añadió, se pronunció sobre el reciente ataque de un helicóptero contra la sede del TSJ. Carreño la calificó de “bipolar” y propiciadora de la “anarquía”. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, no dudó en calificarla de“mentirosa”, “manipuladora” e involucrada en una “infamia”.
La suerte de Ortega Díaz parece ya decidida, más allá de la petición de su abogado de oficio de que sea absuelta y de la decisión de uno de los jueces del máximo tribunal, Danilo Mojica, de inhibirse en el proceso previo al antejuicio de mérito de la fiscal. El TSJ designó y juramentó a la nueva fiscal general adjunta, Katherine Harrington. Anteriormente ocupaba el cargo de viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio del Interior. Harrington a reemplaza a Rafael González Arias, el abogado que había sido nombrado por Ortega Díaz y rechazado por el mismo TSJ. La Asamblea Nacional (AN) debería convalidar el nombramiento de la fiscal adjunta. Pero su papel ha sido soslayado. El magistrado Juan Mendoza consideró que eso se debe a que el Parlamento se encuentra en desacato.
