Theresa May descartó ayer un segundo referéndum sobre el brexit, como posible vía para desbloquear el estancamiento de los planes de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los portavoces de la primera ministra dejaron claro que «bajo ninguna circunstancia» se producirá esa nueva consulta. Con la aclaración, en otro día de gran confusión y guerra de guerrillas en la Cámara de los Comunes, May respondía a la exministra conservadora de Educación, Justine Greening, quien evocó la posibilidad de volver a las urnas antes del 2019, para decidir las relaciones del país con Europa.

Greening describió el actual plan de May como «el peor de todos los mundos posibles». «Creo que hay un bloqueo en el Parlamento y que este plan no es del agrado de nadie. El Parlamento no lo va a apoyar. Tampoco creo que la Cámara vaya a respaldar un no acuerdo (en la negociación con Bruselas). Así que, como Westminster no es capaz de encontrar un camino, lo mejor es volver a dejar el asunto en manos de los ciudadanos». Los votantes deberían elegir entre tres opciones: el acuerdo de May, cortar con la UE sin acuerdo alguno o continuar en la Unión.

Greening hizo campaña hace dos años a favor de la permanencia en la UE, al igual que el también conservador, y antiguo fiscal general, Dominic Grieve. En un artículo en el Evening Standard, Grieve abogó en favor de que el Reino Unido «vuelva a pensar» si debe salir de la UE, en caso de que May no logre el respaldo para el llamado plan de Chequers. El exprimer ministro laborista Tony Blair, en la web del Instituto para el Cambio Global, defendió también una nueva consulta popular. «Lo que resulta cada día más claro es que en este Parlamento no hay una mayoría para una u otra solución».

POCO FUTURO / La estrategia de May no parece tener futuro alguno. La primera ministra aceptó cuatro enmiendas contra el proyecto de ley de Aduanas presentadas por los euroescépticos conservadores que forman parte del European Reseach Gropup, un grupo de presión muy combativo y disciplinado, que lidera el diputado Jacob Rees-Mogg y cuenta con unos 40 miembros. En una demostración de fuerza, los ultra brexit obligaron a May a aceptar las modificaciones al proyecto, como única forma de evitar la humillación de que votaran en contra. Finalmente la propuesta salió adelante. La enmienda requiere que la UE recaude los aranceles británicos en sus fronteras, algo que Bruselas considera completamente inaceptable. «Esto no cambia el acuerdo de Chequers», afirmó a pesar de la evidencia la primera ministra. «Creemos que es consistente con el Libro Blanco», señaló un portavoz ante la incredulidad general.

La rendición de May a los eurófobos enfureció a los conservadores proeuropeos, que a su vez amenazaron con votar contra el proyecto, en una guerra civil abierta que fractura el partido.

«Una parte diminuta de la Cámara de los Comunes está tratando de tomar como rehén un acuerdo razonable con la Unión Europea», afirmó el que fuera ministro de Finanzas Kenneth Clarke. La diputada Anna Soubry preguntó, señalando a Rees-Mogg: «¿Quién está gobernando el país, la primera ministra o el diputado por North East Somerset?». Para Soubry, la decisión del Gobierno es una «completa locura» por la que debería estar avergonzado. Las consecuencias, advirtió, «son graves para este país y para este partido». La opinión de los proeuropeos es que con está cesión, en lugar de aplacar los ánimos de los brexiteers, les está ayudando en realidad a acabar con el plan. Los diputados debatirán y votarán el proyecto de ley referente a comercio.