Eran las cinco de la madrugada del 19 de octubre cuando, sin previo aviso, llamaron a la puerta de Nurcan Baysal, periodista. Ella no estaba en casa. Abrió su marido. Entraron de golpe: unos 30 hombres, armados con fusiles de asalto, franquearon la puerta y, a gritos, registraron la vivienda entera, preguntando por Baysal.

No encontraron nada. Al cabo de unos minutos se fueron. «Lo hicieron adrede. Sabían perfectamente que yo no estaría en casa -explica Baysal, que está unos meses en Londres con una beca-. Lo único que intentaron era intimidarme a mí y asustar a mis hijos. Ellos están ahora aterrados».

Baysal no sabe por qué la investiga la policía. Pero se lo imagina: es por haber publicado en sus redes sociales comentarios y artículos críticos con la operación que Turquía, este octubre, ha lanzado en contra de las milicias kurdosirias de las YPG, consideradas terroristas por Ankara.

VÍNCULOS CON TERRORISTAS / Su caso no es único: desde el 9 de octubre -día en que Erdogan lanzó el ataque- algo más de un centenar de personas han sido detenidas por el mismo motivo. A todos se les acusa de tener vínculos con un grupo terrorista o hacer propaganda por ellos.

«Esta es la tercera vez que me pasa -se queja la periodista, que ríe de incredulidad-. Siempre me abren casos, me investigan y después, al cabo de un tiempo, no encuentran nada. Y, para ser honesta, voy con mucha cautela a la hora de escribir. No uso palabras que sé que me podrían causar problemas tanto a mí como a mi familia. Pero no sé de qué me acusan», puntualiza.

«No uso, por ejemplo, la palabra ‘invasión’ [para referirme a la acción militar turca], pero tampoco uso ‘operación antiterrorista’, porque hay mucha gente, civiles, que están muriendo. Esto es lo que escribo: hablo sobre violaciones de los derechos humanos, los efectos de la guerra sobre la gente, los civiles que perdemos… Y ellos, lo que quieren, es que me calle. Me insultan, desacreditan y acusan de terrorismo cuando lo único que hago, es cuestionar la versión oficial de las cosas y que la sociedad se haga preguntas. Ellos, evidentemente, no quieren que lo haga», continúa Baysal.

Entre los detenidos e investigados -estos últimos son unos 700- hay, además de periodistas, activistas y políticos. Todos tienen algo en común: son cercanos o miembros del partido prokurdo HDP, el tercero en representación en el Parlamento turco y el único de todos los partidos en Turquía, partidarios o contrarios a Erdogan, que se ha opuesto a la operación militar. Hacerlo, dijo el ministro del Interior turco, equivalía a «traición a la patria».

EL PRECIO A PAGAR / Y el precio que están pagando por ir a la contra es alto: en octubre, ocho de sus alcaldes han sido expulsados de sus puestos, para los que fueron elegidos el pasado 31 de marzo. Desde las elecciones, han sido expulsados 13 alcaldes del HDP. En sus despachos, Erdogan ha puesto a miembros de su partido, el AKP. Es el caso, por ejemplo, de Adnan Selçuk Mizrakli, alcalde electo de Diyarbakir -la mayor ciudad del sureste turco-, que fue expulsado de la alcaldía a finales de este verano. Ahora, el pasado 22 de octubre, cuando la operación militar iba viento en popa, fue detenido y encarcelado por tener, según la fiscalía, vínculos con grupos terroristas. Su juicio está en marcha.

«El Gobierno sabe que los kurdos están en contra de esta guerra. Tiene miedo de que esto se sepa en el exterior y afecte a la unidad moral del país. Por esto, para callarle, se está juzgando a Selçuk Mizrakli. Lo detuvieron únicamente porque era el alcalde de Diyarbakir y porque el Estado así lo quiso. Nada más», sostiene uno de sus abogados, Emin Aktar.

«No ha sufrido ningún tipo de violencia física. No obstante, no hay violencia más severa que la falta de derechos», dice Aktar.

Con el alto el fuego firmado por Turquía y EEUU -y rubricado por Rusia-, el conflicto en el noreste de Siria se ha enfriado. Pero los casos y detenciones, en lado turco de la frontera, siguen. Baysal está segura. «Cuando vuelva a Turquía me detendrán. Seguro. Ya lo sé. Una organización me escribió para ayudarme a sacar a mis hijos de Turquía, pero les dije que no. Porque es lo que el Gobierno querría: que no volviese nunca más».