Donald Trump puede haber revolucionado el uso de Twitter como herramienta de comunicación pero sigue teniendo que acatar las leyes. Un tribunal federal de apelaciones de Nueva York ha dictaminado este martes que el presidente de Estados Unidos no puede bloquear a sus críticos en la red social. La decisión ratifica la que adoptó en mayo del año pasado una instancia judicial inferior, donde una magistrada ya determinó que Trump estaba violando con esos bloqueos la Constitución y, concretamente, la primera enmienda, que protege la libertad de expresión.

La primera enmienda no permite a un cargo público que emplea una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluir a gente de un diálogo abierto online porque han expresado puntos de vista con los que el cargo está en desacuerdo, reza la decisión de este martes, adoptada de forma unánime por el tribunal.

Argumentos desmontados

La corte desestima los argumentos del Departamento de Justicia en nombre de Trump, que trataron de justificar que el presidente actúa en la cuenta @realDonaldTrump principalmente a título personal, siendo @POTUS la cuenta oficial de la presidencia. Para defender ese argumento llegaron a comparar la actividad de Trump en la cuenta supuestamente personal (donde tiene 61 millones de seguidores, frente a los 26 millones de la oficial) con hacer un brindis en una boda o dar un discurso en un acto de recaudación de fondos.

El caso se originó en 2017 cuando el Instituto Knight de Primera Enmienda de la Universidad de Columbia decidió plantear una demanda en nombre de siete seguidores a los que Trump había bloqueado después de que colgaran comentarios críticos. Los demandantes argumentaron que la cuenta de Trump es un foro público y que al bloquearlos no solo les vetaba a ellos comentar los mensajes sino que limitaba a otros seguidores ver comentarios críticos. La Casa Blanca está transformando un foro público en una cámara de eco, escribió entonces Katie Fallow, una abogada del Instituto Knight, que denunció que esos bloqueos creaban un foro que se está de desinfectando de disidencia.

La Administración aún no ha anunciado si apelará esta última decisión pero si lo hace el caso podría acabar llegando al Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado directamente sobre el debate público en los espacios digitales.