El Tribunal Supremo de Brasil suspendió la transferencia de Luiz Inácio Lula da Silva a una cárcel común del interior paulista después de que la defensa del ex presidente denunciara que corría allí peligro su vida. Lula se encuentra alojado en la prisión de Curitiba, en el sudeste del país, donde cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión. La decisión de la jueza federal Carolina Lebbos de enviarlo al Presidio II de Tremembé donde cumplen sentencias o estuvieron recluidos Gil Rugai, un seminarista terminó con la vida de sus padres, el asesino de su hija de cinco años y un médico acusado de ser un violador serial, había producido la indignación en el Partido de los Trabajadores (PT).

"No aceptamos que sea tratado como un prisionero ordinario. Queremos que conserve todos los derechos de su ex presidente. Él ya está cumpliendo una sentencia injusta porque es inocente. No queremos que sea aún más humillado", reaccionó a su vez Paulo Okamotto, del Instituto Lula. Para los abogados del ex mandatario, Lula podía encontrarse ante una "situación de vulnerabilidad" si lo obligan a compartir el comedor y el patio con reclusos peligrosos.

La defensa del fundador del PT presentó un recurso de amparo con carácter de urgencia para evitarlo. Por diez votos a favor y uno en contra, la máxima corte del país atendió finalmente la petición y resolvió mantener a Lula en Curitiba hasta que se juzgue un pedido de hábeas corpus que está pendiente de análisis.

UNA ALIADA DE MORO

Lebbos es considerada una jueza incondicional de Sergio Moro, quien como magistrado impartió la primera condena de ocho años contra Lula y fue designado ministro de Seguridad y Justicia por el presidente Jair Bolsonaro. La situación de Moro en el Gobierno de ultraderecha se ha vuelto inestable desde que se filtraron los mensajes que ha intercambiado con el fiscal Deltan Dallagnol en sus tiempos de magistrado y que se relacionan con la falta de parcialidad en el proceso contra Lula por corrupción que lo llevó a la cárcel. "Moro está actuando a través de la Policía Federal para perjudicar a Lula", consideró la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann a través de las redes sociales. La diputada también se refirió a los riesgos para su seguridad. El gobernador el principal estado brasileño, João Doria, se mofó del reclamo de Hoffmann. "Tenga la seguridad de que será tratado como todos los demás prisioneros, de acuerdo con la ley. Incluso su compañero Lula, si lo desea, tendrá la oportunidad de hacer algo que nunca ha hecho en su vida: trabajar!"

La transferencia de Lula había sido pedida por el Superintendente de la Policía Federal, Luciano Flores por considerar que su presencia en la prisión de Curitiba altera la rutina de las instalaciones. Del otro lado de la cárcel volvió a realizarse este miércoles la vigilia "Lula Libre".

Lula, de 73 años, se encuentra preso desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná, tras ser condenado por corrupción pasiva y blanqueo de capitales en un caso vinculado con la Lava Jato. No obstante, la jueza Carolina Lebbos determinó la transferencia de Lula a un presidio de Sao Paulo, pero la decisión fue contestada por la defensa del expresidente brasileño.