La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró “inconstitucional” por unanimidad la ley de amnistía y reconciliación nacional que había aprobado semanas atrás la Asamblea Nacional (AN), bajo el dominio de la oposición. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) expresó indignación pero no sorpresa: el pronunciamiento fue previsible desde que Nicolás Maduro le pidió al TSJ que se pronunciara sobre la norma. El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, calificó de “zánganos y zánganas” a los magistrados por su dictamen.

El alto tribunal usó palabras que bien podrían haber partido de la boca del presidente, quien sostiene que la MUD busca sacar de la cárcel sin castigo a los promotores de los sucesos de febrero del 2013, que el Gobierno califica de golpistas. Entre los opositores detenidos que se habrían beneficiado con esta ley se encuentran el exalcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, y Antonio Ledezma. La iniciativa que ha promovido la oposición, sostuvo el Tribunal, “desconoce que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia” y “se aparta de los fines constitucionalmente establecidos en los artículos 1, 2 y 3” de la Carta Magna. Según los jueces, “si se legitima la violencia política renunciamos a la propia integridad democrática”. La amnistía, añade el dictamen, no puede ser “una suerte de impunidad para los transgresores de derechos humanos o sus cómplices”.

“Si queremos paz, esa ley no va: si entrara en vigencia crearía las condiciones para una violencia generalizada”, insistió Maduro, que recordó que tras el golpe del 2002 y la huelga petrolera del 2003, Hugo Chávez amnistió a quienes no habían cometido “delitos de lesa humanidad”. Pero algunos de esos opositores reincidieron, entre ellos, dijo Maduro, el propio López, “responsable de la muerte de 43 venezolanos, por las cuales no ha pedido perdón, y por el contrario sigue conspirando para asesinar venezolanos, colocar bombas y provocar una hecatombe interno”.

COMISIÓN POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

El Gobierno anunció a su vez que en las próximas horas comenzará a funcionar una comisión por la verdad y la justicia que analizará lo ocurrido tres años atrás con el apoyo de la UNASUR. Maduro, por otra parte, dijo que el rechazo a la ley ha quedado expresado en las miles de firmas de los venezolanos que dijeron “no a la impunidad”. Los adversarios pusieron en duda la legitimidad de esas adhesiones.

“La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía ratifica lo inconstitucional del TSJ. No descansaremos”, advirtió la diputada de la MUD, Delsa Solórzano. “El TSJ no es un poder autónomo, es el bufete privado en defensa de las mafias rojas que tiene secuestrado los poderes del Estado venezolano”, dijo su compañera de bancada, Gaby Arellano.

Para Henrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, “la gran mayoría de los venezolanos sentimos vergüenza por el Tribunal!Hoy más que nunca lograr amnistía depende del revocatorio”. La principal apuesta política de la MUD pasa por lograr que se convoque a una consulta popular para que la sociedad decida si quiere que Maduro siga en la presidencia. Por el momento, la justicia electoral no le ha facilitado ese camino. Jesús Torrealba, uno de los principales dirigentes de ese sector, opina que “el revocatorio” será posible si crece la movilización del antichavismo.