La pandemia del coronavirus ha dado a Donald Trump y a Stephen Miller, uno de sus más cercanos colaboradores y el más extremista ideólogo y promotor de la mano de hierro con la inmigración, la coartada que buscaban para endurecer de forma extrema sus políticas. Y los más vulnerables, los niños, vuelven a estar entre las víctimas de las cuestionadas y legalmente cuestionables medidas adoptadas en los últimos dos meses por una Administración que llegó a separar a familias y solo dejó de hacerlo (y ni siquiera del todo) cuando le obligó la justicia.

Desde finales de marzo, EEUU ha deportado a más de 900 menores que habían entrado solos en el país por México. Esas expulsiones se han hecho acelerando el proceso, a veces en cuestión de horas y restando garantías legales a los menores como la de poder solicitar asilo, avisar a representantes legales o familiares o garantizar la seguridad en el lugar al que se les expulsa.

Abogados y activistas denuncian que se está pisando también el acelerador en deportaciones de menores no acompañados que ya estaban dentro de EEUU, al menos 60 en los últimos dos meses. Y aunque suenan las alarmas de la oposición política y judiciales, la política que rompe con la práctica de décadas en el trato a menores inmigrantes en EEUU sigue a toda máquina.

UNA CARTA ELECTORAL /_Desde que Trump llegó a la Casa Blanca con la lucha contra la inmigración como eje programático vital, Miller, su principal asesor en la materia, había estado buscando sin éxito usar la amenaza para la salud pública de EEUU que podían representar los inmigrantes como argumento. Con la irrupción del covid-19 lo ha conseguido y la Administración ha recurrido a una ley de 1944, el Título 42, que dota al presidente de autoridad para actuar ante un «grave peligro» de enfermedades contagiosas, para frenar la inmigración, una carta que Trump va a poder usar de nuevo en busca de la reelección en noviembre.

En esa norma se amparó el director de los centros de Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno para emitir el 20 de marzo una orden de 17 páginas frenando la entrada de personas desde México y Canadá, que este mes la Administración ha prolongado indefinidamente (aunque se asegura que se revisará cada 30 días). Desde entonces se ha expulsado en la frontera a más de 20.000 inmigrantes, incluyendo los más de 900 niños, que en algunos casos habían cruzado primero con sus familiares y volvieron a cruzar la frontera solos una vez que las familias habían sido obligadas a esperar en México sus procedimientos de asilo. Los demócratas, que presiden cuatro comités del Congreso, piden explicaciones para hoy.

Detrás de cada deportación de menores hay una historia, a menudo dolorosa: la de un adolescente repatriado a Honduras mientras su madre está aún en México, la de la chica devuelta al mismo El Salvador donde fue violada, la de críos de solo 8 años afectados... Pero los números generales también ayudan a entender el alcance de la nueva y denunciada política de Trump. Jennifer Nagda, directora de política en el Young Center for Inmigrant Children’s Rights, ha dicho que «la Administración está usando el covid-19 como tapadera para una nueva política contra inmigrantes: cerrar la frontera a los menores en clara violación de la ley federal». Y Jennifer Podluk, directora de política del grupo Niños Necesitados de Defensa, advierte: «Estamos viendo un ataque a gran escala» a los derechos de los menores.

Frente a las 915 deportaciones entre el 20 de marzo y el 30 de abril de menores que acababan de cruzar la frontera y las 60 de los que ya estaban dentro del país, EEUU solo ha dejado a 166 menores inmigrantes seguir el proceso normal. Y cada vez son menos los pequeños y adolescentes que la Patrulla Fronteriza traspasa a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada de darles refugio mientras busca ponerlos en custodia de un pariente o un sponsor. Mientras que en marzo la ORR recibió a 1.852 menores, en abril solo se hizo cargo de 58.