Donald Trump y su Administración siguen defendiendo a ultranza la interpretación de la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos como el derecho individual a tener armas pero acaban de dar un paso para avanzar en el control. El fiscal general en funciones, Matthew Whitaker, ha firmado este martes una normativa que prohibirá oficialmente los 'bump stocks', complementos que intensifican la velocidad de disparo de las armas semiautomáticas haciendo que actúen prácticamente como automáticas, fuertemente restringidas en EEUU desde 1986.

Los 'bump stocks' fueron usados por el hombre que en octubre del año pasado provocó una masacre en un concierto al aire libre en Las Vegas, donde mató a 58 personas y dejó centenares de heridos. Aquella masacre reavivó el debate sobre las armas y los esfuerzos por aprobar legislación de control de armas en el Congreso, pero no prosperaron. Meses después, en febrero, tras la matanza en un instituto de Parkland, en Florida, aunque no se usaron 'bump stocks', Trump anunció que buscaría la prohibición.

Inicialmente el Departamento de Justicia valoró que el Ejecutivo no tenía autoridad para regular estos complementos, algo que debía hacer el Congreso, pero ahora ha hecho una interpretación diferente que cree que podrá defender ante potenciales retos legales. Según los cálculos de Justicia, hay “decenas de miles” de 'bump stocks' en circulación en EEUU. Los dueños tendrán ahora 90 días para destruirlos o entregarlos a las autoridades.

La poderosa e influyente Asociación Nacional del Rifle no ha hecho ningún comentario oficial público sobre el anuncio. Tras la masacre de Las Vegas, en un paso inusual, mostró su apoyo a que se investigara la legalidad de los 'bump stocks'. Luego, no obstante, alguno de sus líderes se ha congratulado de que el debate público y la presión para vetarlas hubieran perdido intensidad.