El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió ayer a llamar al orden a aquellos gobernadores que en su opinión no hacen «bien su trabajo» en la crisis desatada por las protestas contra el racismo y la violencia policial. «Tenéis que dominar las calles. No podéis dejar que suceda lo que sucede», dijo en declaraciones desde la Casa Blanca. El mandatario recordó que había «sugerido» a algunos de ellos que «llamasen a la Guardia Nacional». «Haced vuestro trabajo, será mucho mejor», añadió.
Las palabras del presidente estadounidense llegan tras una nueva jornada de manifestaciones pacíficas en las calles de las principales ciudades del país -las protestas también se han extendido a localidades pequeñas-, aunque con algunas acciones violentas.
La noche del jueves en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, la policía realizó un total de 250 detenciones una vez entró en vigor el toque de queda a las 20.00 horas. La reprimenda de Trump a los gobernadores llega también horas después de que el jueves se celebrara en Minneápolis el funeral por George Floyd, el afroamericano que murió asfixiado por la rodilla de un policía blanco.
MÁS LEÑA AL FUEGO / Un vídeo que se hizo rápidamente viral echó ayer aún más leña al fuego. La imagen muestra cómo dos agentes antidisturbios empujan el jueves a un hombre de 73 años que cae al suelo y queda inconsciente mientras sangra por la cabeza en una calle de Buffalo, ciudad situada al oeste del estado de Nueva York. Cuando uno de los policías se agacha para socorrerlo, el que parece ser el jefe de la unidad se lo impide. Los dos agentes implicados en el incidente fueron sancionados,
Trump sigue apostando por la represión y la mano dura, a pesar de que cada vez cuenta con menos apoyos, sobre todo desde que amenazó con sacar al Ejército a la calle. El mandatario se ha visto obligado a blindar aún más la Casa Blanca. El perímetro de seguridad alrededor del complejo se ha ampliado más allá de los límites habituales, levantando nuevas zanjas para que los manifestantes no puedan acercarse. «Estos cierres son un esfuerzo para mantener las medidas de seguridad necesarias», afirmó una fuente del servicio secreto a la agencia Reuters. Está previsto mantener la barrera de contención hasta el próximo 10 de junio.
La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, mostró el jueves su preocupación porque estas medidas de seguridad «no sean temporales». «Hay que tener en cuenta que esa es la casa del pueblo. Es algo triste que la casa y sus residentes deban estar tapiados. Creo que es triste», afirmó. Brower, en una carta dirigida a Trump, le ha pedido la retirada de todos los efectivos federales desplegados en la capital en el marco de las protestas contra la muerte Floyd. En su carta, Brower sostiene que la capital está «bien equipada para gestionar grandes manifestaciones». En su opinión, dicho despliegue, «está incendiando a los manifestantes y sumándose a los agravios» de la gente que protesta, en su mayoría de forma pacífica para «reclamar cambios y reformas».
PROVOCADOR / Por otro lado, organizaciones por los Derechos Civiles y manifestantes a título personal presentaron ayer una demanda conjunta contra Trump, y el fiscal general del país, William Barr, por ordenar una carga policial «coordinada y sin provocación» para dispersar a principios de semana a cientos de manifestantes que estaban congregados ante la Casa Blanca.
El incidente tuvo lugar el pasado lunes en la plaza Lafayette. Ese día, en un gesto provocador frente a las protestas multitudinarias, el presidente Trump se dirigió a pie y con la Biblia en la mano hasta la iglesia episcopal de San Juan, situada a pocos metros del recinto presidencial, momento en que la policía, según la demanda, «llevó a cabo una carga coordinada contra la multitud de manifestantes», durante la que recurrió a «irritantes químicos, balas de goma y cañones de sonido para dispersar a la multitud» para proteger al presidente.
La demanda acusa concretamente a Trump, al fiscal Barr y a otros responsables políticos de «violar los derechos constitucionales de los manifestantes y participar en una conspiración ilegal para violar sus derechos».
