Los golpes de Donald Trump a las leyes de protección medioambiental son un martilleo constante, pero el anunciado este jueves puede ser uno de los más duros. En un acto en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha presentado una propuesta de cambios en las regulaciones que implementan la Ley Nacional de Protección Ambiental de 1970, alteraciones que eximirían a la mayoría de los grandes proyectos de infraestructuras de tener que realizar estudios de impacto ambiental.
El paso, dado con el argumento de frenar la burocracia y resucitar la decadente infraestructura del país, era buscado desde hace tiempo lobistas de industrias como las del gas o el petróleo, que han celebrado la decisión del presidente. Facilitará la construcción de minas, de oleoductos y gaseoductos y de obras como autopistas o ampliación de aeropuertos restando fuerza y voz a la oposición de comunidades locales o activistas.
Los ejes del plan son varios. Por un lado, reducirá el número de proyectos que deben ser sometidos a los estudios de impacto ambiental, liberando de ese requerimiento a los que no tengan fondos federales significativos (aunque la cantidad que establezca esa frontera no se ha especificado). Por otro lado, establecerá límites al tiempo que puede tomarse para la elaboración de esos informes, rebajándolo de los seis años actuales hasta un máximo de dos, así como a su extensión.
Actualmente se hacen unos 170 estudios de impacto ambiental al año, con una extensión media de 600 páginas. También se hacen unos 10.000 estudios ambientales, menos rigurosos y exhaustivos.
No menos significativo es que la propuesta elaborada por el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca rebaja qué constituye efecto ambiental, una manera de minimizar el impacto de determinados proyectos en cuestiones como contaminación o calentamiento global y que también pondrá más fácil también dar luz verde al uso de tierras federales para realizar perforaciones o excavaciones o permitir el paso de oleoductos. El plan, aunque no habla de cambio climático, estipula que ya no tienen que considerar las consecuencias acumulativas de las nuevas infraestructuras.
Construir más y más rápido
Aunque la propuesta regulatoria se somete ahora a una fase abierta a comentarios públicos que durará dos meses, puede no entrar en vigor hasta el otoño y tiene prácticamente garantizadas demandas en los tribunales, es la última señal de la estrategia de acoso y derribo de la Administración del republicano tanto a la idea de la regulación como a la protección del medioambiente.
La argumentación que ha dado el presidente para defender su iniciativa es que quiere que se construya obra más grande, mejor, rápido y a menor coste. Y ha prometido que no se detendrá hasta que la reluciente nueva infraestructura nos haya hecho de nuevo la envidia del mundo. Solíamos ser la envidia del mundo y ahora somos como un país del tercer mundo, ha dicho también. Es realmente triste.
El anuncio de la administración ha sido recibido con críticas y dudas por expertos en medioambiente y activistas como Dew Caputo, del grupo Earthjustice, que ha acusado al gobierno de Trump de estar actuando como un avestruz, metiendo su cabeza bajo tierra para no pensar en el impacto ambiental de sus acciones.
Otros expertos opinan que los cambios propuestos por Trump no sobrevivirán en los tribunales y pueden, además, resultar contraproducentes a los objetivos del gobierno. Las demandas provocarán más retrasos que si hubieran hecho el análisis en primer lugar, le ha dicho a 'The New York Times' el profesor de derecho ambiental en la Universidad de Nueva York.
