La guerra de Donald Trump contra el medioambiente, y contra el legado de su predecesor en la lucha contra el cambio climático, suma un nuevo y trascendental capítulo. Este jueves la Administración del republicano que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París ha presentado un plan por el que se congelarán las reglas de eficiencia de vehículos que aprobó Barack Obama. Aunque se abre un periodo de consultas de 60 días y la normativa final podría tener modificaciones, la presentación oficial de la propuesta confirma el impulso de Trump a la desregulación que va incluso más allá de lo que pedían los fabricantes de automóviles. Ratifica también el enfrentamiento con estados, gobernados por demócratas, que se rigen por políticas medioambientales más estrictas que las de Washington. Y augura una ola de batallas legales.

El eje central del plan, presentado conjuntamente por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Transporte, es anular una regla de Obama del 2012 que exigía a los fabricantes de automóviles doblar la eficiencia de los coches, todoterrenos y furgonetas para 2025, logrando un consumo de unos 23 kilómetros por litro. La Administración Trump, en cambio, congelará a partir de 2021 y durante seis años el requerimento de eficiencia en 15 kilómetros por litro.

Otro de los ejes de la propuesta es revocar el derecho de los estados a establecer normas contra la contaminación más exigentes que las del gobierno federal. California fue el único que obtuvo ese permiso legal, logrando que se le diera la exención en la Ley de Aire Limpio de 1970, pero en esa misma norma se permitió a otros estados aplicar las regulaciones californianas y en la actualidad las siguen otros 13 estados, con lo que las leyes más restrictivas de contaminación de vehículos cubren a un tercio del parque móvil.

Batalla legal / Trump ha ido más lejos incluso de lo que querían los fabricantes de coches, que aunque inicialmente se opusieron a las regulaciones de Obama también consideran excesiva la propuesta de la actual Administración y pidieron inútilmente en mayo a Trump que negociara con California antes de presentar un plan. Parte del temor de los fabricantes es que se alargarán durante años las seguras batallas legales, creando incertidumbre sobre la regulación que afectará a su producción o incluso, si los estados ganan los litigios, puede crear un doble mercado con dos estándares de eficiencia. El combate en los tribunales es ya un hecho. California y otros 16 estados ya presentaron una demanda preventiva asegurando que quitarles su derecho a aplicar normas más estrictas sería ilegal. Y el gobernador californiano, Jerry Brown, ha avisado en Twitter de que «California combatirá esta estupidez en todas las formas concebibles», ya que «los ciudadanos respirarán aire más sucio y pagarán más en la gasolinera».