La crisis venezolana ha entrado en otra fase altamente peligrosa: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió acelerar sus tiempos desde el momento en que reconoció al titular de la Asamblea Nacional (AN, el Parlamento) Juan Guaidó, como presidente legítimo del país sudamericano. Nicolás Maduro respondió con la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington. «Fuera, se van, tienen 72 horas, basta de intervencionismo. Los asuntos de Venezuela se resuelven en casa. Pretenden gobernarnos desde Washington y Bogotá. ¿Nos convertiremos en esclavos de la oligarquía colombiana? No, defenderemos el derecho a nuestra propia existencia». El breve comunicado de Trump no sorprendió a nadie en una Caracas cuyas calles fueron la caja de resonancia de la confrontación entre opositores y chavistas. «¡Y va a caer, este Gobierno va a caer!», gritaron unos. «No al golpe fascista», respondieron otros. Al menos cuatro personas perdieron la vida, según versiones periodísticas no confirmadas.

EEUU dijo que utilizará «todo el poder económico» para forzar la salida de Maduro y le reclamó a otros países «occidentales» obrar de la misma manera. Salvo México, Bolivia, Nicaragua y Cuba, la región dio señales de que se plegará sin matices a la Casa Blanca.

Confiada en la bendición de Trump, la AN llamó al antichavismo y a los descontentos con el Gobierno a sumarse a la que consideran su batalla decisiva. La plaza Juan Pablo II, en una de las zonas más prósperas de una Caracas pauperizada, fue el centro de las protestas. Juan Guaidó fue allí recibido con aclamaciones. «¡Presidente, presidente!», lo llamaron y le pidieron que preste juramento a ese cargo. No los defraudó. Levantó su mano y, «ante Dios todopoderoso», asumió «formalmente la competencia del Ejecutivo de la Nación como presidente encargado». Tras la autoproclamación, le tomó juramento a los manifestantes, que se comprometieron a luchar «contra el usurpador hasta lograr plenamente» el restablecimiento de la Constitución. «Sabemos que esto va a tener consecuencias». El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había ordenado a la fiscalía «actuar de forma inmediata» contra las autoridades de la AN por realizar actos declarados inconstitucionales. Guaidó dijo que no tenía miedo de ser detenido.

Aseguró además que la escena de masas de la plaza Juan Pablo II se había repetido en 53 concentraciones en todo el país y en distintas partes de mundo. Y remarcó que el 23 de enero, cuando se cumple el aniversario de la caída del dictador Marco Pérez Jiménez, los venezolanos comenzaron a recuperar su independencia.

Maduro había sostenido que la AN es la cabeza de una intervención internacional impulsada por Washington. «¿Se viene la invasión? Es puro cuento», dijo Guaidó y aseguró que el Congreso que encabeza ha comenzado a asumir competencias en el ejercicio del poder. «¿A quién reconoce la comunidad internacional? Una banda no hace presidente». Con el nuevo aval norteamericano, el Parlamento ha comenzado a diseñar los mecanismos para hacer efectivo un canal humanitario que permita a la población mitigar los problemas de alimentos y medicinas.

EL FACTOR MILITAR / Pero más audaz fue la otra revelación hecha por Guaidó: se aprobará una ley de amnistía para militares y civiles para «que se pongan del lado de la Constitución». Las instituciones castrenses son hasta ahora el pilar del madurismo pese a las expresiones de descontento, el arresto de 180 uniformados y las deserciones. Los altos mandos se mantienen al lado del presidente. No en vano, en sus propios mítines el chavismo alabó la «indestructible» unión cívico-militar. La oposición apuesta por que ese lazo se fisure.

Maduro se mofó ayer de Guaidó pero, como él, también le pidió a Dios una bendición para pasar una prueba de enormes escollos. «Debemos estar en movilización permanente. Le digo a la derecha intervencionista que no se fíen del imperio: los gringos no tienen amigos, tienen intereses, quieren nuestro petróleo y nuestro oro. Esta insensatez debe provocarnos el menor daño posible». Todo puede ser peor porque no se vislumbra un horizonte mínimo de negociación entre las partes confrontadas.

Brasil, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, Paraguay y Canadá se sumaron a la iniciativa de EEUU. La UE no se pronunció.