Los cuatro años en los que Turquía ha ejercido de guardián de las fronteras exteriores de la Unión Europea, a cambio de 6.000 de millones de euros -de los que se han desembolsado 2.300- para financiar la acogida de los refugiados sirios y evitar que lleguen a Europa, han permitido a los 27 gobiernos europeos ganar tiempo, pero no han resuelto el problema de fondo. Y la decisión del Gobierno de Erdogan de abrir su frontera con Grecia y dejar pasar a miles de refugiados amenaza con repetir la crisis migratoria de hace cinco años.

«Turquía está en una situación difícil respecto de los refugiados e inmigrantes, pero lo que estamos viendo ahora no puede ser la solución ni la respuesta», avisó ayer la presidencia de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas ha intensificado los contactos con las autoridades turcas para fijar un «terreno común» y «discutir dónde puede ser necesario el apoyo» europeo, teniendo en cuenta que hay un acuerdo en marcha «que es la base adecuada», agregó Von der Leyen.

Von der Leyen tiene previsto desplazarse hoy, junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el del Parlamento Europeo, David Sassoli, a la frontera entre Turquía y Grecia para conocer la situación y mostrar la solidaridad europea. «Hemos constatado que hay muchas informaciones falsas. Hay una máquina de desinformación muy activa más allá de Grecia, así que hay que ser prudentes», dijo Sassoli.

«Nuestra prioridad es dar a Bulgaria y Grecia todo el apoyo que necesitan para gestionar la situación porque el desafío al que se enfrenta Grecia es un desafío europeo», aseguró Von der Leyen. Pero «nadie puede chantajear ni intimidar a la UE», añadió desde Berlín el vicepresidente y responsable de inmigración, Margaritis Schinas.