El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vuelve a poner el foco sobre Hungría. En una nueva sentencia emitida este jueves, la corte europea ha advertido a las autoridades húngaras de que los solicitantes de asilo que se encuentran a la espera de una decisión en la zona de tránsito de Röszke, en la frontera con Serbia, donde no disponen de libertad de movimientos, se encuentran de facto "detenidos" y que si no hay ninguna "razón válida" para mantenerlos en esa situación deben ser inmediatamente liberados.
El caso se refiere al de ciudadanos afganos e iranís que entraron a través de Serbia y que presentaron solicitud de asilo en la citada zona de tránsito. Su petición fue declarada inadmisible y las autoridades húngaras adoptaron decisiones de expulsión a Serbia, cuyas autoridades rechazaron la readmisión. Los afectados recurrieron la decisión ante la justicia húngara y desde entonces han sido obligados a permanecer en Röszke. Una situación que el TJUE considera "detención", ya que las condiciones equivalen a "una privación de libertad" porque "no pueden legalmente abandonar la zona por su propia voluntad en ninguna dirección". Si abandonan la zona para cruzar a Serbia se exponen a ser castigados en este país y a perder cualquier posibilidad de lograr el estatus de refugiado en Hungría.
Los jueces también recuerdan que un solicitante de protección internacional o un nacional de un tercer país que espera una decisión de retorno no puede ser detenido por el mero hecho de no poder hacer frente a sus propias necesidades ni sin la adopción de una decisión razonada que ordene la detención, no sin examinar la proporcionalidad. Y avisan de que una detención no puede superar las cuatro semanas. Si las autoridades no pudieran adoptarla en ese plazo, el Estado miembro debe conceder al peticionario el derecho de entrar en el territorio y presentar una solicitud a través de la justicia ordinaria. Además, si durante la revisión del caso, la justicia considera que la detención es contraria al derecho de la UE deberá ordenarse la liberación inmediata o examinar posibles alternativas a la detención.
Estado de emergencia
Se trata de la segunda sentencia del TJUE contra Hungría en el 2020 a cuenta de la política migratoria. A principios de abril, el alto tribunal europeo condenó al país que gobierna Viktor Orbán -junto a Polonia, Eslovaquia y República checa- por incumplir sus obligaciones respecto al mecanismo temporal de reubicación de refugiados aprobado por la UE tras la crisis migratoria del 2015.
Pero la política migratoria no es el único elemento que mantiene al país en el punto de mira de Bruselas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha admitido ante el pleno del Parlamento Europeo su "preocupación" por las medidas adoptadas por Hungría en el marco del estado de emergencia declarado a cuenta de la pandemia de covid-19. A la checa le preocupa particularmente que los poderes especiales del Gobierno no están claramente limitados en el tiempo y son más amplios que en otros países así como la criminalización de la difusión de información falsa sobre el coronavirus que podría afectar a la libertad de expresión.
