A dos semanas de la toma de posesión de Iván Duque, la derecha colombiana siente debajo de sus pies un inesperado terremoto político. El expresidente Álvaro Uribe, de alguna manera, sostén principal del futuro Gobierno, se vio obligado en la noche del martes a renunciar su escaño en el Senado después de que len abriera una investigación en la justicia por presunto soborno y fraude procesal.
El líder de la bancada del Centro Democrático y, a la vez figura tutelar de Duque, tuvo que explicarle a sus seguidores por qué se iba de forma tan precipitada. “La Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”, anunció a través de su cuenta en Twitter. Y también deslizó una queja: “el comunicado de la Corte ya es un prejuzgamiento”. Uribe deberá responder a las peguntas que lo relacionan con la utilización de falsos testigos contra el senador de izquierdas Iván Cepeda. “Espero que comparezca pronto”, dijo Cepeda al enterarse de la novedad.
La victoria de Duque sobre Gustavo Petro representó para Uribe algo más que el retorno de la derecha al Palacio Nariño. El exmandatario (2002-10) se mostró como la contracara triunfal de Juan Manuel Santos. El hombre que negoció la paz con las FARC abandona la presidencia con baja estima popular. Su principal contendiente desde hace varios años retornaba al Senado como el candidato más votado en la historia electoral colombiana, dispuesto además a imponer su liderazgo para revisar los acuerdos labrados con la guerrilla en La Habana. Pero algo ocurrió en el camino. La Corte Suprema consideró contar con pruebas suficientes como para abrir una investigación contra Uribe y otro senador de su partido, Álvaro Hernán Prada por el caso.
La causa se inició hace cuatro años cuando Cepeda, un defensor de los derechos humanos que forma parte del Polo Democrático, presentó dos testimonios explosivos que vinculaban a Uribe con bandas paramilitares responsables de hechos aberrantes. Pablo Hernán Sierra García y el de Juan Monsalve Pineda, ambos presos y condenados, dijeron que el llamado bloque Metro del que formaban parte había sido creado en la finca Guacharacas de la familia Uribe Vélez. El futuro presidente de Colombia, de acuerdo con esos testimonios, habría participado de la fundación de esa banda armada de extrema derecha.
Uribe denunció que Cepeda había ido por las cárceles del país ofreciendo dinero a cambio de que lo incriminaran y presentó como prueba de ello sus propios testigos, Ramiro Henao Aguilar, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, también condenados por paramilitares.
La Corte llamó a declarar a Uribe y Cepeda, así como a los que habían testimoniado a favor y contra el ex mandatario. El tribunal inició “una ardua y dispendiosa actividad probatoria, de oficio y a solicitud de las partes”, acompañada de varias “actuaciones reservadas” que incluyeron seguimientos y escuchas telefónicas. Las intercepciones terminaron de complicar a Uribe. “Manipuló criminalmente testigos”, dijo el senador Petro. Para el ex candidato presidencial, Uribe no dimitió por una cuestión ética sino para eludir el brazo del máximo tribunal. La Corte, a partir de esta nueva situación podría perder su competencia para investigarlo y el caso pasaría a manos de la Fiscalía.
