El conflicto de poderes comienza a convertirse en una realidad cotidiana de los venezolanos. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que los actos de la Asamblea Nacional (AN) que se hayan dictado o se dictaren son nulos mientras se mantengan en funciones los diputados impugnados por la justicia. El TSJ ordenó a su vez dejar sin efecto el juramento de los legisladores electos por el estado Amazonas, Hirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana.

“No cabe duda que el TSJ express está al servicio del Gobierno para anular la voluntad popular”, reaccionó el presidente de la AN, el opositor Henry Ramos Allup. Según Ramos Allup, tanto el Poder Ejecutivo como el Tribunal Supremo se resisten a aceptar los resultados de los comicios de diciembre pasado.

La diputada del Movimiento de Unidad Democrática (MUD), Gabriela Arellano consideró que esos poderes se alejan “cada vez más de la Constitución”. Para Simón Calzadilla, parlamentario de la misma coalición opositora, el TSJ “lo único que hace es acatar decisiones políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.

Diosado Cabello, el número dos del chavismo y hasta el 5 de enero pasado el hombre que manejaba la AN justificó la resolución del tribunal electoral. “Lo lógico, lo sano, lo democrático es que esta directiva de la AN revoque la juramentación. Dudamos que eso ocurra porque sabemos de la prepotencia y de la soberbia de esta AN; están llenos de odio, de revanchis.

Para el analista político Luis Vicente León la decisión del TSJ está lejos de ser sorpresiva. “Ya sabíamos que el gobierno iba a tratar de usar el control que si tiene sobre el TSJ para minimizar toda la acción de la AN”.

El choque tiene lugar en momentos que el Congreso comienza analizar un proyecto de ley de amnistía para los opositores políticos durante los sucesos que tuvieron lugar entre 2013 y 2014 y que provocaron 43 muertos. A la vez, la comisión parlamentaria de Evaluación sobre Designación de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prepara un informe crítico sobre los nombramientos de 13 Magistrados y 21 suplentes días antes de que el chavismo perdiera su hegemonía en la legislatura.

El choque de poderes es además previo a la presentación el próximo viernes de Nicolás Maduro en el Congreso. El presidente debe rendir cuentas ante la AN de lo hecho durante el pasado año. Se prevén chispas intensas.

La mayoría calificada le permite a la MUD promover votos de censura contra ministros y vicepresidentes y reformar a la Constitución. Al tomar posesión, Ramos Allup fijo como una de las prioridades del parlamento el alejamiento del presidente Nicoás Maduro en seis meses.