Venezuela dio el lunes un plazo de 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, para que abandone el país en respuesta a las sanciones dispuestas el mismo lunes por Bruselas contra funcionarios maduristas y aliados coyunturales del Gobierno.
«¡Ya basta del colonialismo! Se le prestará un avión, para que se vaya», bramó el presidente Nicolás Maduro. La UE «supremacista», añadió, «sacó una resolución» condenatoria contra venezolanos que forman «parte de instituciones del Estado», «respetan» la Constitución y «sancionan» a la cúpula de la Asamblea Nacional (AN) que encabeza Juan Guaidó, el diputado reconocido por EEUU y otros 54 países como autoridad ejecutiva interina de ese país.
Según Maduro, los funcionarios penalizados se han negado «a cumplir órdenes de la Embajada de la UE en Caracas». Bruselas acusa a los sancionados de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, retirando la inmunidad parlamentaria a varios de sus miembros, entre ellos Guaidó, según el Consejo Europeo.
«Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas. Tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad», señaló ayer en un tuit el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Y agregó: «Sólo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país de salir de su profunda crisis».
