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CRISIS EN EL PAÍS CARIBEÑO

Venezuela no puede pagar alimentos y medicinas

Las autoridades reconocen que las sanciones impuestas por EEUU empiezan a tener sus efectos sobre la población y critican el respalo de la oposición al castigo económico y financiero impuesto por Washington

 

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez . - EFE

ABEL GILBERT
28/08/2017

En medio de los llamados a la resistencia y a mantener la unidad entre las Fuerzas Armadas y el pueblo chavista, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, presentó el más crudo de los diagnósticos: el Gobierno no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en las costas debido a las sanciones impuestas el pasado viernes por el presidente de EEUU, Donald Trump. “Se acaba de formalizar el bloqueo financiero” por parte de “las fuerzas imperiales”. Según la exministra de Exteriores, Washington busca llevar a Venezuela a  “a una cesación de pagos internacionales para agudizar la agresión económica contra el pueblo”.

El Gobierno, ha dicho Rodríguez, dará a conocer el viernes su respuesta a EEUU en los mismos términos de agresividad. El reconocimiento de la presidenta de la ANC sobre el agravamiento de la escasez ya estaba en boca de muchos analistas. A lo largo de estos años de gestión, el chavismo ha contado con el gran beneficio de los altos precios del petróleo. Sin embargo, esa bonanza no ha sentado las bases de un modelo que supere los encadenamientos de la dependencia exclusiva de los hidrocarburos. Los números son en ese sentido elocuentes: entre 2004 y 2015, la deuda externa pasó de 27.000 millones de dólares (22.553 euros)  a 120.000 (100.227 euros)

LA "PEOR AGRESIÓN"

El “oro negro” provee 96 de cada 100 dólares (83,31 euros) que entran a Venezuela. No en vano, el presidente Nicolás Maduro consideró que la decisión de Trump de prohibir al sistema financiero de los Estados Unidos adquirir bonos públicos y deuda del Gobierno de venezolano y la petrolera estatal, PDVSA, es la “peor agresión” que enfrenta ese país “en los últimos 200 años”. La medida se aplica en momentos que el Banco Central constata en sus bóvedas un fuerte déficit de dólares: las reservas no llegan a los 10.000 millones (8.352 millones de euros) y al Gobierno le falta pagar este año vencimientos de la deuda por 1.634 millones (1.364 millones de euros) y 1.890 millones (1.578 millones de euros), respectivamente. 

Mientras Rodríguez daba cuenta de la situación, las autoridades empezaron a buscar  fórmulas que atenuar los efectos de la escasez de medicinas. Tito López, presidente de Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), dijo que el país cuenta de hecho con la capacidad para producir antihipertensivos, analgésicos, sueros, cardiovasculares y productos para la diabetes. Pero, para hacerlo, se necesita sortear un obstáculo agudizado por Trump: “Requerimos de las divisas para adquirir algunos insumos”, reconoció López.

OPERACIONES FINANCIERAS

Horas después de que finalizaran las maniobras militares “Soberanía Bolivariana”, el Gobierno retomó su disputa con la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). A través de un comunicado oficial repudió el respaldo de sectores de la oposición a las sanciones impuestas por la Casa Blanca. Ese apoyo, dijo, “no tiene precedentes en la historia contemporánea de la política venezolana”. Al chavismo le resulta “imposible de creer que un sector que hace vida política en la República Bolivariana de Venezuela, se muestre abiertamente servil a los intereses foráneos, y pida una intervención militar para nuestro país”. 

La MUD no solo expresó su acuerdo con el paso dado por Trump sino que pidió a la comunidad internacional “abstenerse” de realizar operaciones financieras o contratos de interés nacional con un Gobierno que viola la Constitución. “Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial de Venezuela”, señala el pronunciamiento de la MUD. La oposición, que controla el Congreso, donde a su vez sesiona la Asamblea Constituyente, acusó al Ejecutivo de ser responsable del desconocimiento del voto popular y querer disolver la legislatura.