El 2 de mayo será la fecha límite en la que los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Castellón podrán remitir al equipo de gobierno sus propuestas de revisión de las ordenanzas fiscales. Así se determinó en la primera reunión de trabajo celebrada en la mañana de ayer en el consistorio, un encuentro al que se convocó a los cinco partidos, pero que sin embargo cuenta con el límite de respetar “las políticas de progreso que emanan del Pacto del Grao” en lo que a modelo de fiscalidad se refiere.

Fueron las palabras del vicealcalde, Enric Nomdedéu, que junto al principal responsable de la futura reforma, el edil de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, acudió como representante del equipo de gobierno. En la mesa se sentaron los concejales Carlos Feliu y Juan José Pérez Macián, por parte del PP; Xavi del Señor e Iñaki Vallejo, de Castelló en Moviment; y Cristina Gabarda, representando al grupo Ciudadanos.

El objetivo es revisar el impuesto de bienes e inmuebles (IBI), el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el de actividades económicas, las tasas de ocupación de vía pública y vados “y aquellas cuestiones que en el ámbito de la fiscalidad municipal puedan plantear los diferentes grupos políticos”, explicó Lorenzo. Hay que recordar que fueron PP, Ciudadanos y Castelló en Moviment los que tumbaron en el pleno de octubre la propuesta de reforma planteada por el bipartito para el 2016, por lo que esta se planteará para 2017.

Lorenzo recordó que la revisión de las ordenanzas “responde al compromiso de ajustar la política fiscal para favorecer una mayor justicia social en el pago de impuestos y tasas”. H