El alcalde de Nules, David García, apoyado, según afirma, por la comisión constituida recientemente para proteger los intereses del litoral en el municipio, está dispuesto a agotar las vías a su alcance para salvar las viviendas en primera línea de la playa y exigir la defensa de la costa con la ejecución urgente de espigones.

Si hace unos días planteaba la creación de un archivo gráfico que atestigüe el valor histórico y etnológico de las casas, ahora está dispuesto a pedir responsabilidades patrimoniales por los daños que la construcción del puerto de Burriana ocasionó a su localidad, dado que, al no plantear un proyecto que paliara los efectos de la regresión, «lastraron el crecimiento de nuestra costa y sus posibilidades turísticas».

Pero, además, anuncia movilizaciones. Como confirmó ayer, «los vecinos están preparando una manifestación» que se realizará las próximas semanas, aprovechando la temporada estival, para que tenga mayor visibilidad. Aunque no hay una fecha concreta, la previsión es que se convoque a lo largo del mes de agosto.

CONSECUENCIAS PROBADAS / Legalmente, García dice no tener dudas. «Está probado técnicamente y avalado por informes de catedráticos de la Universitat Politècnica de València que la construcción del puerto burrianense ha tenido consecuencias muy graves sobre Nules, que están a la vista de todos los que se acerquen».

Como defiende, su determinación actual persigue «exigir a través de la justicia lo que no hemos conseguido a través de la política», que no es otra cosa que «pedir responsabilidades por los muchos daños que padecemos».

Esta nueva vía, que nadie antes había siquiera insinuado, pretende que «el organismo competente, Costas, realice las obras de creación de espigones, más que necesarios para defender nuestro litoral», a la vez que apunta a una compensación por los años de incertidumbre suscitada.

Este anuncio ha sorprendido a propios y extraños. Consciente de que en algunos sectores califican la iniciativa judicial como «una ocurrencia», el alcalde de Nules afirmó que «no es una cuestión de campaña. Es un tema en el que llevamos trabajando desde principios de legislatura e irá mucho más allá». Y para demostrarlo, defendió que no está solo en este proyecto. «Todas las medidas están apoyadas por la comisión jurídica que se creó», en la que están integrados los grupos políticos municipales, técnicos del Ayuntamiento y varios representantes de los vecinos de la primera línea de la playa.