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redacción del plan especial

Nules pedirá la paralización de las multas de la Marjaleria en febrero

Tres empresas optan a redactar el plan especial que regulará usos en la zona. Los afectados están a la espera de la aprobación de la nueva ley urbanística

 

Imagen de archivo del derribo de una de las viviendas de la Marjaleria de Nules durante el pasado mes de mayo. - MIRA

MÒNICA MIRA
31/12/2017

La redacción del plan especial de la Marjaleria de Nules se encuentra en pleno proceso de adjudicación. La previsión municipal es que este trámite se complete entre los meses de enero y febrero del 2018, momento en el que el Ayuntamiento solicitará la paralización de los expedientes que pesan sobre numerosas viviendas construidas en la zona húmeda, según confirma el concejal de Urbanismo, Adrián Sorribes.

Muchos de los vecinos con propiedades en la marjal nulense, en especial los que cuentan con un proceso sancionador abierto por la Conselleria de Territorio en el que se ordena el derribo de sus casas o construcciones, se agarraron como única esperanza a la promesa hecha pública por el Consell en relación a su posible legalización, lo que dependería de la aprobación del anteproyecto de ley que modificaría la actual ley urbanística valenciana.

Coincidiendo con el anuncio del proceso de tramitación de esta normativa, desde la Generalitat alcanzaron el compromiso de que frenarían los citados expedientes y, por lo tanto, las correspondientes multas, en el momento en el que los ayuntamientos de Nules y Burriana iniciaran la redacción del documento que regulará los usos de este territorio.

INICIO DEL PROCESO / En el mes de septiembre, el consistorio presidido por David García dio los primeros pasos para cumplir con esta posibilidad legal «con la elaboración de los pliegos técnicos», recuerda Sorribes. No fue hasta el último trimestre de este año cuando la convocatoria se hizo pública a través del Diari Oficial de la Generalitat y, tras los plazos establecidos, han sido «tres empresas las que han presentado una propuesta». El concejal del área avanza que, tras «una primera valoración, hay una que destaca sobre las otras», por lo que de mantenerse esta ventaja en la siguiente convocatoria todo apunta a que no habrá dudas sobre la adjudicación ya definitiva.

Sorribes calcula que ese momento llegará sobre febrero, cuando pedirán «la paralización de los expedientes», para así aminorar la carga sobre las familias que reciben periódicamente las sanciones por no haber procedido al derribo, que pueden llegar a rondar los 3.000 euros, aunque depende de cada caso.