El consistorio de la Vall d’Uixó ha procedido al pago, en un año, de 482 facturas de suministros básicos dentro del plan contra la pobreza energética, gestionado desde la Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con la Generalitat. Un total de 154 familias se han beneficiado de esta iniciativa, que tiene como objetivo «ayudar a las personas que, por motivos económicos, tienen problemas para pagar la luz, el agua o el gas o ya han recibido la amenaza del corte de suministro», tal y como explica el concejal del área y primer teniente de alcalde, Antoni Llorente.

Para el pago de estos recibos se han destinado 29.697,09 euros, de los que el consistorio vallero ha aportado 8.570,95 euros, mientras que el ejecutivo autonómico se ha hecho cargo de los 22.868,76 euros restantes.

Estas cantidades hacen referencia al periodo comprendido entre octubre del 2015 y octubre de este año. Además, dentro de este plan también se han eliminado los costes por restablecer los servicios después de que se haya producido un corte por impago, garantizando que «se hace de forma rápida, porque son cuestiones básicas para tener una vida digna», señala Llorente. Para poder beneficiarse de estas ayudas sociales municipales, los solicitantes deben cumplir con los requisitos estipulados y deben aportar la documentación correspondiente «que verifique su situación de necesidad».

En este sentido, el edil recuerda que en el presupuesto municipal de este año se incluyó un importante incremento de la partida destinada a ayudas sociales individuales, lo que supuso «un aumento del 20%, al pasar de los 340.000 de 2015 a los 450.000 euros del actual ejercicio». Para Llorente, estas acciones «demuestran nuestra voluntad de ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal, más en una semana en la que hemos tenido que lamentar la muerte de una anciana en Cataluña tras el corte del suministro eléctrico por motivos económicos, una situación que desde las instituciones debemos garantizar que no pase».

MÁS GASTO SOCIAL // La Vall d’Uixó fue uno de los primeros municipios que solicitó adherirse a estos planes contra la pobreza energética que ha puesto en marcha la Generalitat valenciana «para garantizar derechos fundamentales, porque desgraciadamente hay muchas familias que están sufriendo situaciones complicadas y no pueden asumir el pago de estas facturas». La medida se ha puesto en marcha gracias a la colaboración entre la Administración local y la autonómica.