El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó dará en el próximo pleno ordinario los primeros pasos para acatar una sentencia judicial que obliga al consistorio a pagar cerca de 1,6 millones de euros en respuesta a una demanda interpuesta en julio del 2014 por el incumplimiento de un contrato urbanístico firmado en el 2009, siendo entonces concejal de Urbanismo Óscar Clavell y alcaldesa, Isabel Bonig.

Pese a que los servicios jurídicos municipales han recurrido este fallo, el establecimiento de medidas cautelares obliga al consistorio a abonar ya, sin dilación, 950.000 euros, cantidad que se correspondería con el precio de unos terrenos públicos que salieron a subasta en marzo del 2008 y fueron adjudicados a la empresa Almalafa meses después.

ANTECEDENTES DEL CASO // Las razones que motivaron la apertura de esta causa judicial están detalladas en el contrato --al que ha tenido acceso Mediterráneo-- que en su día firmaron los responsables municipales con la mercantil, que se quedó con unos terrenos situados entre la pista de atletismo y la Colonia San Antonio.

El citado acuerdo establecía que la mercantil debía aportar 518.108,23 euros por la parcela de 3.046,97 m2 que adquiría y 587.933,01 euros por las cuotas de urbanización, dado que el suelo se encontraba en un PAI por desarrollar. Además, se comprometía a realizar 400.000 euros de inversiones en la ciudad, en concepto de mejoras. Por su parte, el Ayuntamiento le concedería licencia de obras en un plazo de cuatro meses desde la rúbrica del documento, para que dos meses después empezaran a trabajar.

La compañía Almalafa iba a crear Viviendas de Protección Oficial (VPO), un mínimo de 65. Pero el tiempo pasó. Según defendió ante los tribunales su representante legal, el concejal de Urbanismo en ese momento, Óscar Clavell, a pesar de que no había siquiera licencia de obras, pidió a la mercantil que realizara parte de las mejoras y así se hizo: construyeron un campo de fútbol de césped artificial en la Colonia San Antonio y un muro de contención para canalizar las aguas pluviales. El importe de esta inversión fue de 135.000 euros. Según la actual alcaldesa, Tania Baños, su antecesora, Isabel Bonig, dijo en el 2009 que «esta obra no iba a costar ni un euro a la Vall d’Uixó, exactamente como pasó con la escultura del toro».

Almalafa trató de emplazar al Ayuntamiento a que cumpliera su parte del acuerdo, algo que en los años siguientes no sucedió, de manera que el 11 de julio del 2014 recurrieron ante un juez para defender sus intereses.

Tres años después, a mediados del 2017, el juzgado se pronunció. En pocas palabras, reconoció los derechos de la mercantil y el incumplimiento contractual del Ayuntamiento y, en virtud de estas razones, impuso «devolver el valor del terreno, las cuotas de urbanización, el coste de las mejoras realizadas y los intereses», tal y como detalla Baños.

Cuando recién estrenada la legislatura, el departamento de Urbanismo trasladó a la Alcaldía la necesidad de recepcionar el citado PAI, para el que existía la propuesta de construir un supermercado, en el equipo de gobierno «desconocíamos por completo que existía un proceso judicial».

Al tener conocimiento de la sentencia, un par de años después, se pusieron en contacto con Almalafa. «Se sorprendieron porque, según nos dijeron, nunca hasta ese día alguien del consistorio había querido atenderles», lamentó Baños. Además, incidió en «la capacidad para manipular del PP de Bonig y Clavell, que conseguían meter a las empresas en este tipo de empastres».