Hoy, uno de mayo, celebramos el día internacional de los trabajadores o Día del Trabajo, una jornada actualmente festiva que se ha utilizado en el tiempo para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. El pasado 28 de abril, con menos repercusión mediática y de manera más desapercibida, se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el lema: El estrés laboral, un reto colectivo. La celebración de este día promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones --físicas y psíquicas-- relacionadas con el trabajo.

Desde la aprobación en nuestro país de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) ha habido cambios significativos en el actual mercado de trabajo: una crisis económica que persiste, el incremento de autónomos, la precariedad laboral, el aumento del trabajo a tiempo parcial involuntario, la destrucción masiva de empleo, reformas legislativas devaluadoras de las condiciones de trabajo… un escenario que en nada se parece a lo que hace veinte años se encontraron los legisladores de entonces.

Con la LPRL se pasó de la mera reparación del daño a la prevención de los riesgos. Si inicialmente lo que era habitual era la reparación del daño --accidente o enfermedad-- una vez que este se había producido, tras la promulgación de esta ley, se pasa de un enfoque reactivo a otro preventivo cuyo objetivo esencial es conseguir un estado de salud y bienestar integral de los trabajadores y trabajadoras, tanto de su bienestar físico como del psíquico y social.

La LPRL supuso un impulso que permitió avanzar en la implantación de una política preventiva en las empresas, hasta entonces prácticamente inexistente, obligando al empresario a considerar la prevención de riesgos laborales como un aspecto fundamental dentro de la gestión de la empresa, instaurando la integración de la actividad preventiva en todos los niveles de la misma.

Pero, la siniestralidad laboral en nuestro país sigue siendo, lamentablemente, una de las patologías más graves de nuestro mercado de trabajo y el peor indicador socioeconómico que se nos plantea y que todavía tenemos sin resolver. Durante el 2015, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en España se produjeron 518.988 accidentes de trabajo, de los cuales 608 fueron mortales. Unas cifras que reflejan un incremento por lo que respecta al año 2014. Además, debido a los cambios sustanciales en las relaciones laborales y la recesión económica, los trabajadores están experimentando cambios organizacionales y de reestructuración, menores oportunidades laborales, una masiva reducción de los puestos de trabajo, empleo precario, inestabilidad financiera… aspectos todos ellos que redundan en graves consecuencias para su salud y bienestar.

El impacto negativo de la crisis ha fomentado el incumplimiento de la normativa de prevención, alegando las empresas la imposibilidad de asumir los costes. Existe, además, una excesiva tendencia --mayoritaria en el tejido empresarial-- hacia la externalización de la gestión preventiva dificultando la integración real y efectiva de la prevención en la estrategia empresarial. Se vuelve a percibir a la prevención como un coste en lugar de una inversión. Y un cumplimiento de la norma más formal que sustancial. El aspecto burocrático y justificativo sobre el papel prima sobre aspectos prácticos y mejorables de las condiciones de trabajo.

Los trabajadores asumen mayores riesgos y soportan peores condiciones laborales por miedo a la pérdida del empleo. El espectacular descenso de las enfermedades de los trabajadores no se debe a mejores políticas preventivas o porque estén ahora más sanos, sino que el miedo a perder el puesto de trabajo ha supuesto un aumento del denominado “presentismo” en el lugar de trabajo. Cerca de un 40% de los trabajadores en España fueron a trabajar estando enfermos.

Se ha producido una mayor incidencia de los riesgos psicosociales que engloban los factores de estrés, de acoso y violencia en el trabajo derivados de una mala organización del trabajo. La creciente carga mental y emocional que soportan los trabajadores, junto a las enfermedades mentales que van en aumento, son problemas que nos encontramos con más frecuencia. Se habla de la sociedad del siglo XXI como la sociedad del rendimiento, ello obliga al trabajador a desempeñar multifunciones, exigiendo una atención extra a la ejecución de una mayor variedad de tareas, y cada vez más urgentes. La proliferación del tecnoestrés, un trastorno que padecen algunas personas que trabajan intensivamente con ordenadores, móviles o dispositivos electrónicos. Y el ciberacoso, una manifestación de violencia emergente en el ámbito de las relaciones de trabajo. Y ello durante una jornada laboral cada vez más sobrecargada y cambiante, con horarios imposibles y por tanto incompatibles con la vida personal y familiar.

En definitiva, se hace necesaria una mayor sensibilización y concienciación social ante la magnitud de este fenómeno, con el objeto de conseguir que el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores siga consolidándose como un derecho social fundamental en la sociedad actual. Y, por ello, se reclama en materia preventiva el mismo rigor de aplicación que tiene la actuación de la inspección ante infracciones puramente contractuales. En consecuencia, se debe incrementar la rigurosidad en la aplicación de la normativa preventiva porque el bien protegido es el más elevado que existe: las personas, su vida, su salud. H

*Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social-UJI