La celebración del Doce de Octubre de este año estuvo marcada por un hecho inédito: la presencia en el palco de autoridades de un Gobierno en funciones encabezado por un presidente, Mariano Rajoy, que aspira a lograr la investidura pero aún no la tiene garantizada. Es por ello que, sin duda, esta fiesta nacional española no será recordada por las ausencias ya habituales de algunos presidentes autonómicos (Carles Puigdemont entre ellos), sino por la incertidumbre del momento político actual, sin gobierno durante meses tras dos elecciones generales.

A pesar de que en sus declaraciones públicas Rajoy se mostró muy prudente, los cálculos del del PP pasan por lograr la investidura a finales de este mes, que es cuando termina el plazo legal para evitar unas terceras elecciones. Una investidura cuyo necesario prolegómeno será la ronda de consultas con los partidos convocada para los días 24 y 25 por el Rey. Sin quebrar su obligada neutralidad, el monarca ha procedido de igual modo que en abril, cuando, a punto de expirar los plazos constitucionales, celebró una serie de audiencias con los líderes políticos para explorar las opciones de desbloquear la gobernabilidad. Las circunstancias, en todo caso, han variado. Ahora el calendario obliga al PSOE a deshojar la margarita a más tardar el 23 de octubre: o se reafirma en el no a Rajoy o convoca un comité federal para virar hacia la abstención.

Rajoy hizo hincapié en ello al afirmar que la fecha importante es esa, el 23 de octubre, que es cuando los socialistas decidirán si permiten su investidura o no. Sigue Rajoy con su estrategia desde que el PSOE implosionó, que no es otra que pasarle toda la presión a los socialistas sin tomar ninguna iniciativa ni ofrecer nada en lo que basar una negociación. Ayer, el PSOE mostró su nueva cara en la celebración del 12-O, con Susana Díaz acaparando toda la atención.

En Catalunya, el 12-O estuvo marcado por la decisión del Ayuntamiento de Badalona de desobedecer la orden del juez y abrir al público. Fue un acto simbólico y político, ya que solo los cargos electos trabajaron para que los funcionarios no afronten problemas legales y no se llevó a cabo ningún trámite. Si lo de Badalona acaba teniendo recorrido judicial, asistiremos a un nuevo capítulo de la perniciosa utilización de la Justicia para dirimir asuntos políticos.