Tenemos un gran país, mucho mejor de lo que pensamos. En otros momentos, también muy difíciles, nuestra ciudadanía lo ha demostrado: la respuesta mesurada y pacífica al terrorismo de ETA, a los atentados del 11-M, el No a la guerra en aquellas manifestaciones multitudinarias de febrero del 2003, la lucha continuada y ejemplar por la igualdad de género, la asunción sin problemas del matrimonio homosexual o la integración de la inmigración con la que nuestra escuela pública consigue una segunda generación perfectamente adaptada. Esto último, que casi nunca se dice, me parece especialmente importante. Y podría seguir con un largo etcétera de razones que avalan la idea irrefutable de que España es un gran país.

Ahora, en estos momentos tan difíciles, lo hemos vuelto a demostrar; la actuación de la ciudadanía ante la pandemia ha sido ejemplar, responsable y cívica. Cerca de 47 millones de personas han seguido las disposiciones del Gobierno respecto al estado de alarma con una gran disciplina protagonizando una reclusión ordenada y total. Se ha asumido el recorte de las libertades con una aceptación tan metódica que supone una enmienda a la totalidad a los viejos estereotipos sobre el supuesto carácter anárquico e indisciplinado de los españoles. Ese seguimiento ha supuesto un gran plebiscito, un referéndum no convocado pero asumido como urgente y necesario.

El mismo Gobierno estableció la prolongación del estado de alarma cada quince días de manera regular rindiendo cuentas y pidiendo su prolongación en un espacio de tiempo relativamente corto. Y he de reconocer que me causa gran sorpresa e inquietud que cuando empieza la desescalada el Partido Popular se niegue a una prolongación que nos dejaría desarmados ante el virus en un momento clave para vencerlo. La lógica y el sentido común dicen que si el estado de alarma ha demostrado su efectividad y ha posibilitado la bajada radical del número de contagiados y muertos no tiene ningún sentido suspender una medida que ha mostrado claramente sus efectos positivos.

Es el momento de la política con mayúsculas, de la Gran Política, esa que muestra unidad en la acción independientemente del color político del Gobierno. Hablo de lealtad institucional, de la que el Partido Socialista en la oposición ha dado sobradas muestras apoyando a los gobiernos del PP cuando hacerlo resultaba vital para el país. Quiero citar dos ejemplos ilustrativos: el Pacto Antiterrorista auspiciado por Zapatero y firmado en tiempos de Aznar (12-12-2000) y el respaldo de Pedro Sánchez y el PSOE a la suspensión de la autonomía catalana (27-10-2017) a raíz de la declaración de la independencia. El apoyo a Rajoy no era fácil, entre otras razones, porque no estábamos de acuerdo con la utilización exclusiva de la vía judicial para poner solución al problema. Pero sabíamos que era el momento de apoyar al Gobierno. ¿Por qué no pueden ellos ahora mostrar la misma corresponsabilidad y tener la misma altura de miras?

El Gobierno de España dice claramente que no hay plan B y el Partido Popular no tiene plan alternativo; y si lo tiene, ni lo ha hecho público, ni nadie lo conoce. ¿En esta tesitura hay que dejar a la suerte, al albur de la fortuna, la regulación de una pandemia que tantos muertos ha causado y tan gravemente ha afectado a nuestra economía? ¿Estarán dispuestos a votar en contra de la continuidad del estado de alarma de manera conjunta con los independentistas catalanes, a quienes tanto detestan? ¿Todo vale para deteriorar al Gobierno?

Nuestra ciudadanía, que tan claramente ha hablado, no se lo merece. Estar a su altura debería ser el mínimo exigible a cualquier representante político.

*Presidente de la Diputación