La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, dispone de todos los mecanismos necesarios para atenazar la voluntad de los municipios en cuanto a su cacareada autonomía en materia urbanística. Las principales bazas que esgrime la Conselleria para controlar el urbanismo municipal son los planes de protección medioambiental, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y la elaboración de Planes de Acción Territorial.
Sin pretender entrar en materia competencial, se evidencia la necesidad de tener que realizarlo por la avalancha de planes de protección y acción territorial que reducen la posibilidad de crecimiento de municipios. Debiera de existir la moderación para alcanzar el nivel de conservación necesaria y no utilizar estas herramientas para atenazar la autonomía que en materia urbanística se le presupone a los ayuntamientos. Deben preservarse los territorios con singularidades, pero no debemos extrapolar la preservación hasta extremos en que lo que no haya sufrido un proceso de urbanización deba ser considerado territorio singular susceptible de protección.
Las administraciones deben generar mecanismos de participación pública donde se establezcan unos criterios sólidos que determinen el límite entre singularidad y vulgaridad para establecer mecanismos de protección. Estos no deben quedar a la libre voluntad del gobernante.
No debemos caer en el ambientalismo institucional contraponiéndolo al anti-ambientalismo liberal post-modernista, en el centro está la virtud. Ni todo debe ser susceptible de ser protegido, ni debe ser válido para cualquier objetivo. No debemos pautar una conducta modal asociada con la protección del ambiente sin la debida fundamentación o estaremos cayendo en la desnaturalización que ha permitido logros como la lucha contra la contaminación, desertización, la tala o protección de la biodiversidad.
*Alcalde de Peñíscola
