El Gobierno y el PSOE han podido comprobar de nuevo la dificultad de gobernar solo con 84 diputados y más si la oposición tiene mayoría en la Mesa del Congreso, elegida antes de la moción de censura. La pinza entre el PP y Cs paralizó en la Mesa por cinco votos contra cuatro (PSOE y Podemos) la maniobra socialista consistente en reformar la ley de estabilidad presupuestaria mediante una enmienda introducida en otra ley, la de formación de jueces y magistrados para combatir la violencia machista. La enmienda, aprobada el jueves en la Comisión de Justicia, ha quedado anulada en la Mesa en una decisión sin precedentes, ya que normalmente el órgano de gobierno de la Cámara no se ocupa de enmendar la plana a las decisiones de las comisiones parlamentarias.

Lo inédito del caso provocó una explicación justificativa de la presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), que se negó a pedir informes a los letrados porque alegó que la decisión estaba suficientemente clara y era legal. Es verdad que, a petición del PSOE, una sentencia del Tribunal Constitucional del 2011 rechazaba que hubiese una «absoluta desconexión» entre las enmiendas y la ley en la que se introducían, pero el ardid ha sido utilizado en numerosas ocasiones (14 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el PSOE) y que existen dudas sobre si la Mesa puede reemplazar al pleno del Congreso, donde reside la soberanía. Por eso los socialistas quieren llevar hoy el caso a la Junta de Portavoces, donde tienen más apoyos, para que sea luego el pleno el que decida.

La oposición tiene derecho a utilizar sus armas contra el Gobierno, pero lo que se debate en el fondo es si el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, debe poder vetar el techo de déficit, decisión introducida por el Gobierno de Rajoy en contra de la mecánica parlamentaria. La ley de estabilidad presupuestaria es así la única que el Senado, una Cámara sin poder real, puede vetar, lo que viola la preeminencia del Congreso en el resto de la legislación. El PSOE acierta al revertir este veto, aunque la vía que ha elegido se enfrenta a la matemática del Parlamento.

Si la oposición se sale con la suya, Partido Popular y Cs tendrán difícil explicar a los ciudadanos que por el prurito de rechazar cualquier iniciativa del Gobierno se pierden los 6.000 millones que Bruselas había autorizado en la nueva senda de déficit y que se iban a dedicar a gasto social tras entrar en vigor las cuentas.