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Bloqueo a 10 días de la investidura

 

Transcurrido un mes de las elecciones, constituido el Parlament y a 10 días del límite para celebrar el pleno de investidura, la política catalana se encuentra en una situación de bloqueo similar a la que se produjo antes de las dramáticas jornadas parlamentarias del 6 y 7 de septiembre y de la incertidumbre previa a la DUI. Los partidos llevan un mes discutiendo cuestiones inverosímiles en una situación normal, como si se puede producir una investidura a distancia o si se puede presidir la Generalitat de Cataluña desde Bruselas. Acabada la ronda de consultas con los dirigentes de los grupos parlamentarios, es previsible que el nuevo presidente de la Cámara, Roger Torrent, comunique hoy que Carles Puigdemont es el candidato para la investidura. Cualquier otra elección sería una sorpresa. Y a partir de ahí, todo vuelve a ser incierto porque Puigdemont está empeñado en apurar hasta el final caminos imposibles y sus aliados de ERC están atrapados en la estrategia suicida del expresident. La Fiscalía General del Estado anunció ayer, por otra parte, que reactivará la euroorden de detención si viaja a Dinamarca para participar este lunes en un debate sobre Cataluña.

Pese a todas las idas y venidas, contradicciones y cambios de opinión, movimientos tácticos que en algunos casos solo pueden ser interpretados como maniobras de despiste, Puigdemont tiene que elegir entre dos alternativas: o vuelve, es detenido y se somete a la investidura tras ser excarcelado --como en el precedente de un preso etarra en 1987-- o fuerza a la Mesa del Parlament a que viole el reglamento y la legalidad para intentar la investidura telemática o por delegación.

Todo ello, sin contar que Mariano Rajoy ya ha avisado de que cualquier violación de la legalidad en la investidura supondrá la prórroga del artículo 155, lo que impediría recuperar las instituciones catalanas, prioridad de los independentistas según no cesan de repetir. Para lograr el objetivo alguien ha de poner algo de sensatez.