Ya lo han escuchado, se anuncian plagas bíblicas y negros presagios. Males apocalípticos que, en el caso de Vox, alcanzan palabras mayores como la reedición del Frente Popular, o en boca de dirigentes del PP, que incluso se volverán a quemar iglesias.
Resulta patético comprobar cómo la derecha española clama en contra del preacuerdo de gobierno de coalición anunciado por PSOE y Unidas Podemos. Los mismos partidos que propiciaron la ingobernabilidad al votar junto a los partidos separatistas el «no» a los presupuestos generales (que, por cierto, tenían en cuenta el peso poblacional de la Comunitat Valenciana atendiendo al Estatut d’Autonomia), y que propició la repetición de elecciones. Es más, en la noche electoral cerraron las puertas a cualquier solución que no fuera deslegitimar el resultado de las urnas.
Ellos, que han negado durante meses cualquier salida, vociferan ahora por el acuerdo alcanzado entre dos partidos que suman más de 9.850.000 votos. ¿Cuántos hacen falta para que la derecha de este país reconozca la legitimidad de un gobierno? ¿Por qué lo que vale para Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid no es legítimo para el gobierno de España? La respuesta es sencilla. En esta ocasión no son ellos quienes suman.
Y en este contexto, aún resulta mucho más patético que sea la derecha valenciana la que critique ese acuerdo. Pero es comprensible. Ellos, mejor que nadie, han podido comprobar cómo el gobierno progresista del Botànic ha sido un éxito que ahora debe servir de referente para desbloquear la situación de ingobernabilidad a nivel nacional. Lo han podido comprobar en las urnas cuando los valencianos y valencianas han vuelto a señalar al PSPV-PSOE como el partido más votado en la Comunitat y en la provincia de Castellón. Los electores han reconocido que los gobiernos del Botànic han servido para enderezar la deriva de corrupción endémica, de recortes sociales y desprecio a las clases más desfavorecidas que los gobiernos del PP instauraron en esta tierra.
INVESTIDURA Como recordó el president Ximo Puig en su investidura, con el pacto de progreso en la Comunitat se ha pasado del «paradigma de la corrupción al de la solidaridad, del paradigma de la especulación al de la innovación y del paradigma de la crispación al de la convivencia», aunque las derechas siguen instalados en la continua bronca parlamentaria.
La acción del Govern ha cambiado en positivo el marco económico de la Comunitat Valenciana desmontando la falacia de que solo la derecha gobierna bien la economía. Hoy la tasa de paro de la Comunitat es 10 puntos más baja que en el 2015 y está por debajo de la media española, la confianza empresarial ha pasado de negativa a positiva, la inversión extranjera ha crecido un 108%, las exportaciones no paran de crecer y el turismo extranjero bate récords. Mientras, el máximo gurú del «milagro económico» del PP, Rodrigo Rato, sigue en la cárcel.
Ha sido un gobierno progresista el que ha puesto a las personas en el eje de su acción. La Comunitat es la autonomía donde más ha crecido la inversión en políticas sociales. La atención a las personas dependientes ha aumentado un 85%, con 35.000 beneficiarios netos más desde el 2015. Los niños y niñas ya no pagan los libros de texto. Los pensionistas y las personas con discapacidad se han librado del copago farmacéutico, etc.
Esa es la realidad que no reconoce una derecha que, como única receta, apuesta por bloquear cualquier acuerdo además de banalizar y seguir blanqueando a una extrema derecha que, en materia autonómica, aboga por borrar del mapa el estado de las autonomías. Esos, y no otros, son los socios de PP y Ciudadanos.
Y frente a ello, frente a la regresión democrática, la recentralización y el discurso del miedo, solo cabe una apuesta firme por hacer realidad políticas progresistas. Justo lo que ha hecho el Botànic en el ámbito de la Comunitat.
*Diputado de Les Corts Valencianes por el PSPV-PSOE
