Con el fin de los Juegos Olímpicos ha acabado también la tregua política en un Brasil convulso por la guerra judicial que se está librando contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, y su antecesor, Lula da Silva. La dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) compareció el lunes en el proceso de impeachment al que le sometió una oposición derechista que ha visto en la debilidad de Rousseff la manera de poner fin, sin pasar por las urnas, a los 13 años de gobierno de la izquierda. No es ninguna casualidad que la pasada semana se caldeara el ambiente con la imputación del expresidente Lula da Silva, acusado de tres delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A los problemas político-judiciales se suma la resaca que ha dejado la cita olímpica con más de 10.000 millones de euros que se han esfumado. Sin embargo, lo peor en Brasil puede estar aún por venir, al no recuperar Rousseff el poder. El Gobierno interino del derechista Michel Temer iniciará una política de recortes masivos del gasto público y de privatizaciones, que afectará a grandes sectores estratégicos, como el de la energía y el transporte. El sueño de una mejor distribución de la riqueza parece haber llegado a su fin.