La errática política de vivienda de las administraciones públicas en España y la forma cómo hemos salido de la crisis tiene como consecuencia que el mercado de alquiler esté a punto de generar una nueva burbuja inmobiliaria. Dos datos: la rentabilidad de la inversión en una vivienda puesta en alquiler es entre ocho y nueve veces superior a las inversiones en renta fija o en la bolsa española. El resultado es que se calcula que un 20% de los inmuebles adquiridos el año pasado se pusieron en el mercado de alquiler. ¿Por qué el mercado puede asumir en estos momentos esta oferta tan elevada? Sencillamente porque los salarios bajos, la falta de estímulos fiscales y el endurecimiento de las condiciones para conceder hipotecas han dejado a miles de familias trabajadoras sin la opción de comprar la vivienda. El drama es que en muchas ciudades compiten por los alquileres con los turistas, dispuestos a pagar un precio más alto. Las expectativas son desoladoras: el mercado se expande y sigue yendo al alza de manera incontrolada. España necesitaba que el mercado del alquiler creciera, pero no de esta manera salvaje.
Ante esta situación, se impone la intervención de las administraciones, cada una en el nivel que le corresponde. El Gobierno de España debería replantear la fiscalidad de la vivienda y gravar, por ejemplo, los rendimientos excesivos de las inversiones inmobiliarias, favoreciendo la creación de fondos y empresas que entiendan este sector como un activo y no especulativo. Igualmente, se debería alentar una mayor duración de los contratos con algún tipo de estímulo fiscal. A las autonomías les compete reservar una mayor cantidad de suelo a la promoción de viviendas públicas de alquiler para evitar que los ayuntamientos tengan que asumir un sobrecoste por la recuperación de los precios inmobiliarios. Igualmente, las viviendas de protección oficial deben adaptar sus baremos de acceso al empobrecimiento de los trabajadores y corregir algunos desequilibrios en este ámbito.
