Un único hecho delictivo, pagar 79,20 euros en una tienda con una tarjeta falsa, ha llevado a un joven granadino a la cárcel para cumplir una pena de seis años por pertenencia a banda organizada y por estafa. Ni antes ni después del timo -cometido recién alcanzada la mayoría de edad- Alejandro Fernández, de 24 años, ha tropezado con la justicia. Desde entonces ha demostrado que, en su caso, no es necesario para la sociedad que vaya a prisión, con todo lo que significa, porque ya ha cumplido el propósito del artículo 25.2 de la Constitución: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. De ahí que cabía esperar para un pecado de juventud mayor clemencia en forma de un indulto que ha denegado el Gobierno central, y al que también se opusieron los informes de la fiscalía y de la Audiencia Nacional.
Ratificada la sentencia por el Supremo, Alejandro Fernández ha tenido el apoyo de casi 200.000 firmas, del alcalde de Granada y de la Junta de Andalucía para evitar su entrada en prisión. Sin entrar en comparaciones con los casos de corrupción de personajes públicos, situaciones como esta explican los recelos existentes hacia un equitativo trato judicial.
