Un informe de la Guardia Civil ha tenido que dejar con el culo al aire a la clase política y, como siempre, el ciudadano será quien pague las consecuencias. Tanto que, de no remediarlo una jugada maestra desde la administración autonómica o provincial, el vial que une Cabanes con Orpesa por el interior tendrá durante el verano el acceso restringido y solo se permitirá circular --con la precaución debida-- a quienes tengan allí sus fincas agrícolas o segundas residencias, pues no disponen de otra alternativa para hacerlo.
En los últimos cuatro años Cabanes ha tenido tres alcaldesas y, además, se da la circunstancia que cada una de un partido político. Tras las elecciones del 2015 tomó el mando Estrella Borrás (PP), que después dejaría el cargo a Virgina Martí (PSPV) y esta cedió la vara de mando a Sole Segarra (Compromís) para acabar la legislatura. Todas ellas tuvieron tiempo suficiente para priorizar el arreglo de este vial, que es de titularidad municipal, o pedir ayuda para hacerlo al Consell y la Diputación porque es cierto que un pueblo como Cabanes no dispone de recursos suficientes para ello y dicha carretera es utilizada por muchos pueblos del interior para acceder a la costa o viceversa. También resulta sorprendente la inacción del que presume de ser el senador más reivindicativo en Madrid --a base de preguntas--, Carles Mulet, que por añadidura esos cuatro años fue concejal en Cabanes.
La realidad es que estamos en julio, con la carretera de Cabanes-Orpesa cortada, vecinos y turistas indignados y las administraciones en modo vacaciones. No culpen a ningún partido en particular. Todos son iguales.
