Mañana se inicia el juicio al exprofesor de educación física del Colegio de los Hermanos Maristas de Les Corts Joaquim Benítez por abusos sexuales a alumnos. Hasta 43 personas que habían estudiado en cuatro escuelas maristas de la provincia de Barcelona presentaron denuncias contra 12 profesores y un monitor escolar.
Benítez se sentará en el banquillo, pero ni estarán presentes todas sus víctimas ni tomarán asiento junto a él todos los culpables. Un código penal que juega a favor de los depredadores ha hecho posible que la mayoría de los delitos del caso Maristas haya prescrito. En la actualidad, las faltas contra la libertad sexual a menores de edad prescriben a los 10, 15 o 20 años a partir de la comisión del delito. Los plazos empiezan a correr a partir de que la víctima cumple los 18 años. Un periodo de tiempo muy limitado para unos delitos que las personas tardan en asimilar y en tomar conciencia de su dimensión criminal. El Gobierno de Pedro Sánchez presentó el 28 de diciembre un anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia que alarga 12 años el plazo de prescripción y que empieza a contar cuando la víctima cumple 30.
La eclosión del caso ha desatado un alud de acusaciones, de denuncias y de dolor que ya no admite ser callado. Casos que abarcan décadas de sufrimiento regidas por un mismo patrón de ocultación por parte de las diferentes órdenes religiosas. Ahora, llega el momento de la reparación de las víctimas y de asumir la responsabilidad moral colectiva.
