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El enredo ha durado cuatro días, pero finalmente el propio interesado ha puesto fin a una situación insostenible en una democracia que se considere seria: José Manuel Soria ha renunciado a su candidatura a la dirección ejecutiva del Banco Mundial, un destino para el que contaba con el aval de un Gobierno del que debió dimitir hace cinco meses por no poder explicar por qué formó parte de empresas domiciliadas en el paraíso fiscal de Panamá. La primera sensación de los ciudadanos españoles ante el paso atrás de Soria no puede ser otra que la de alivio, porque resultaba ofensivo para la ética y la estética democráticas que, después de su salida del Ejecutivo por la puerta falsa, el exministro de Industria no tuviera ningún empacho en aspirar a un cargo institucional en el que iba casi a triplicar sus ingresos.

Lo más exasperante, sin embargo, ha sido el papel del Gobierno (no hay que olvidar que en funciones) en este caso. Anunciar el aval del Reino de España a la operación pocas horas de que concluyera el plazo para hacerlo, y apenas minutos después de la segunda votación de investidura de Mariano Rajoy, ya reveló la poca claridad que el Ejecutivo quería dar al asunto. Peores aún fueron las explicaciones posteriores de Rajoy y Luis de Guindos queriendo presentar como inevitable el acceso de Soria al Banco Mundial dada su condición de funcionario. Unos argumentos tan inconsistentes que solo agravaron la sensación de fraude de muchos ciudadanos. La forzada palinodia de Soria, sin embargo, no exime al Gobierno de responsabilidad política por este despropósito, muy revelador de la concepción patrimonial que una parte de la derecha española tiene de los cargos públicos. Quienes niegan la existencia de las llamadas puertas giratorias tienen hoy muchos menos argumentos.

El caso Soria 2 ilustra también a la perfección el ecosistema político de irregularidades en el que está instalado el PP, que es lo que hace que le esté resultando tan difícil encontrar apoyos para que Rajoy pueda seguir en la Moncloa. Este otoño, el partido del Gobierno deberá afrontar en los tribunales varias pruebas de fuego sobre escándalos de corrupción. Rajoy debe de calcular que también logrará salir indemne de estos trances, pero objetivamente hoy tiene más difícil que hace una semana poder seguir como presidente del Gobierno.