El 66% de los municipios de Castellón no tienen ni una sola oficina bancaria, un problema que acentúa la verdadera preocupación de todas las administraciones, la despoblación. Durante esta legislatura hemos presentado numerosas iniciativas pero con lo que no contábamos era con la lentitud del Consell del Botànic.

En los últimos años se han cerrado más de 2.000 sucursales a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, con mayor repercusión en aquellos municipios que disponían de una única oficina y, tras la reestructuración, ésta desaparece. La situación se acentuó tras la crisis de las entidades financieras de mayor relevancia en la Comunitat Valenciana: Bancaja, CAM y Banco de Valencia. Un problema que hemos tenido patente durante toda la legislatura y que afrontábamos con optimismo con el primer anunció del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en el 2017, con una puesta en marcha con la colaboración de las diputaciones, diseñada para recuperar el servicio bancario en las poblaciones de pequeño tamaño donde, por cuestiones de rentabilidad, un banco tiene dificultades para establecerse.

Esta iniciativa contemplaba la instalación de cajeros automáticos, además de servicios periódicos de asesoramiento financiero, incorporando una serie de incentivos, como no pagar el alquiler del lugar donde se instalaba, entre otras cuestiones. En aquel entonces, desde Ciudadanos pedimos que los futuros cajeros fueran accesibles para todos los ciudadanos. Pero ¿Qué cajeros? Aún los estamos esperando.

Más tarde, a finales del 2018 hubieron nuevos anuncios y nuevas promesas, pero desde la oposición en la Diputación de Castellón seguíamos sin conocer cuáles eran los plazos y el coste si lo hubiera para la Institución Provincial, y así lo trasladamos entonces pidiendo agilidad, eficiencia y transparencia en todo el proceso. Y en este periplo, en el que nuestros ciudadanos del interior han seguido sin tener un servicio básico como un cajero automático para retirar efectivo y realizar otras operaciones hemos llegado a la recta final de la legislatura, con las elecciones del 28 abril a nivel autonómico y nacional, y las del 26 de mayo para las municipales, con el problema sin resolver.

EL PASADO viernes, mientras me tomaba un café temprano en la cafetería de Javier, leí un nuevo anuncio. Éste decía que un total de 45 municipios de la provincia se habían acogido a esta medida contra la «exclusión financiera» con la que el Consell invertirá alrededor de tres millones de euros en Castellón para mantener el servicio hasta 2024. De ponerse en marcha, de los 89 municipios que no cuentan con cajero automático de un total de 135 en Castellón, reduciríamos las carencias a un 33 por cien. Es decir, la cifra se reduciría a los 45 municipios y 12.201 habitantes se verían beneficiados del plan impulsado por la Agenda Valenciana de Despoblament. Aunque un total de 9.856 castellonenses seguirán teniendo que desplazarse para conseguir dinero en efectivo. Me terminé el café, cerré el periódico y mientras llegaba al despacho recordé que seguimos como en el 2015, con el 66% de los municipios de Castellón sin una sola oficina bancaria.

*Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón