Ni las discrepancias entre las izquierdas cada vez más plurales que impidieron llegar a un acuerdo, pacto o coalición de Gobierno, ni el temor a la llegada de la triple alianza de las derechas están centrando la precampaña electoral. Y difícilmente habrá tiempo, vista la presión sobre tan apretado calendario del aniversario del 1-O y la sentencia del procés, de que sea de otra manera. Para incomodidad del presidente en funciones, Pedro Sánchez, Cataluña, y no precisamente por la neutralización del independentismo, se ha convertido en el eje de la carrera hacia el 10-N. La detención de los CDR acusados de evolucionar, en solitario o con conexiones por confirmar, hacia la realización de actos violentos en torno al anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, el imprudente cierre de filas de parte del independentismo en su defensa y los preparativos para «colapsar» la red varia de Cataluña convocar una huelga general ha creado el marco esperado por el PP y Ciudadanos para reclamar, respectivamente, la aplicación de la ley de seguridad nacional o un nuevo y más duro 155 en Cataluña. Y, por supuesto, acusar a Sánchez de tibieza ante ese desafío. Ante este panorama, el PSOE envuelve su campaña con el lema de Ahora España, exige a Torra que denuncie una violencia que este no admite y trata de evitar que la realidad contradiga su discurso sobre el debilitamiento del independentismo.

Un pulso planteado en estos términos es difícil que no derive en una estéril y perniciosa radicalización de los discursos. Y más aún cuando, en Cataluña, los augurios sobre la colaboración entre las distintas fuerzas policiales para garantizar al mismo tiempo el orden público y el derecho de manifestación en el ciclo de protestas que empieza esta semana se hayan visto cuestionados por la dimisión, justo ayer, del director de los Mossos d’esquadra. Andreu Martínez se debía enfrentar a un escenario complicado desautorizado repetidamente, de forma directa por Quim Torra y remota por el mismo Carles Puigdemont, por su disposición a hacer que el cuerpo policial, entre complacer a los sectores del independentismo radicalizados en la calle y garantizar el respeto a la legalidad y el orden público, elija lo segundo.

Antes del 1-O, cuyo segundo aniversario se celebra hoy, otro director general de los agentes de la policía catalana dimitió ante su incomodidad por la disposición de los responsables de las instituciones catalanes a hacer saltar por los aires el marco legal y por la actitud que parecían esperar de la policía catalana. Cuando parte del independentismo admite, abierta o implícitamente, algunos de los desatinos del otoño del año 2017, otro amenaza ahora con repetirlos. Una actitud de contumacia en el error al que se suman las derechas españolas.

Aunque la conmemoración del 1-O será solo un prólogo de lo que pueda suceder cuando se conozca la sentencia contra los líderes independentistas que se quedaron en Cataluña, será también una prueba de hasta qué punto, al margen de las presiones políticas, los Mossos están en condiciones de garantizar el derecho de manifestación de quienes saldrán a la calle sin hacer dejación de sus competencias en materia de seguridad publica y garantizar todas las libertades y derechos.