Nadie quiere (o dice querer) unas nuevas elecciones en Cataluña, pero ahora mismo nadie podría asegurar que los catalanes no sean llamados de nuevo a las urnas. Faltan pocos días para que se cumplan tres meses desde el 21-D, y la situación política en Cataluña sigue bloqueada. Con el reloj de la investidura detenido porque formalmente ningún candidato se ha presentado ante el pleno, la combinación de la presión judicial, las divergencias políticas DENTRO del bloque independentista, los intereses de los dos diputados aún con acta que están Bruselas y la aritmética electoral han causado que Cataluña siga sin gobierno. Y, por tanto (conviene no olvidarlo), que el artículo 155 de la Constitución siga en vigor y con él la suspensión del autogobierno catalán.

Condicionado por la realidad judicial, la responsabilidad principal recae en el bloque independentista que, números en manos, es el único que puede lograr una mayoría para formar gobierno. Con un discurso público que difiere, en ocasiones de forma radical, de lo que se dice en privado (lo cual nunca augura buenas noticias en política), ERC, Junts per Catalunya y la CUP llevan semanas negociando un candidato y un programa de Gobierno. Tras la renuncia de Carles Puigdemont, la candidatura de Jordi Sànchez se ha encontrado con la previsible negativa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El discurso independentista ha ido cambiando con la semanas (del «No se puede hacer de president si uno es presidiario» de Puigdemont a presentar como candidato a Sànchez, que cumple prisión preventiva) pero la realidad, tozuda, persiste: entre el legitimismo irredentista de parte de JxCat, la ensoñación de la inexistente república de la CUP y el baño de realidad de ERC y PDECat, encontrar un punto medio se ha antojado hasta el momento una tarea que resulta imposible. Como consecuencia, no hay ni candidato (aunque Llarena hubiera permitido a Sànchez presentarse a la investidura se hubiera encontrado con la abstención de la CUP) ni tampoco programa de gobierno.

Y, por tanto, Cataluña sigue sin gobierno, la autonomía prosigue intervenida y el país continúa adelante por inercia, sin afrontar las urgentes tareas (sociales y económicas) que tiene por delante. Nadie quiere nuevas elecciones, decíamos, pero nadie lo diría viendo el bloqueo que sufren las instituciones catalanas.