La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de no aceptar la extradición de Carles Puigdemont por el delito de rebelión al no considerarlo equiparable al de «alta traición» por no observar el ejercicio de la violencia es, sin duda, un punto de inflexión en el devenir del conflicto entre los independentistas y el Estado español. Un punto de inflexión que, aunque se quiera hace creer lo contrario, no permite en realidad a ninguna de las partes proclamarse ganadora. El tribunal alemán no aprecia rebelión, pero deja igual de claro que a Puigdemont no se le está juzgando por sus ideas sino por sus actos que pueden ser constitutivos, como mínimo, de un delito de malversación. La decisión, sin duda, tendrá ahora consecuencias en diversos planos.

En el ámbito judicial, el magistrado Pablo Llarena tiene ante sí una decisión tan difícil como trascendente: mantener en la causa especial abierta acusaciones diversas en función del país en el que hayan sido detenidos los encausados o reconsiderarlas según las consideraciones de los jueces alemanes y, quizá, de los belgas. En el primer caso entraría en un laberinto jurídico de consecuencias impredecibles, tanto para la propia causa que instruye como para el prestigio de la justicia ante los ciudadanos y los socios europeos. Si toma la segunda opción, será muy difícil sostener la prisión provisional para los encausados y retardará durante meses o años la inhabilitación de los que aún mantienen su condición de diputados. Esperemos que, con independencia y rigor, sopese el riesgo de seguir aferrado al relato sobre la supuesta violencia del procés, imprescindible para sustentar la causa por sedición pero muy distante de los hechos acontecidos.

Lo ocurrido este jueves también debe tener consecuencias políticas notables. El bloque independentista tiene una oportunidad de volver a la realidad aprovechando este balón de oxígeno. Puede desbloquear el Parlament e investir de inmediato un presidente, si quieren llamarle provisional, hasta que se aclare la situación de Carles Puigdemont. De lo contrario, mantener el pulso con la justicia, sin que la decisión alemana siga su curso, puede llevar a perder el aire ganado. Para ello, también resultaría necesario que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que hasta ahora ha respetado siempre todas las decisiones judiciales, se apoye en este nuevo escenario para recuperar el protagonismo de la política.