Cuando se cumplen cinco años de la contestada reforma laboral del Gobierno del Partido Popular el balance solo puede ir, valga la redundancia, en la dirección de una urgente reforma. Tan cierto es que se ha creado más empleo como que ha llegado bajo el estigma de la precariedad y la temporalidad. La encuesta de la población activa indicó que el 2016 se cerró con una tasa de paro del 18,63%, la menor desde que nos sacudió la crisis en el 2008. Que el desempleo de los menores de 25 años sea del 43% ensombrece cualquier balance de los efectos de la reforma, como lo es que haya 1,4 millones de familias con todos sus miembros en paro o que siga bajando la cobertura por desempleo.
La reforma laboral trajo una contención salarial justificable en días de alarma económica. Pero si quienes la apoyaron se vanaglorian hoy de la recuperación es momento de que acabe esa devaluación y de que los trabajadores ganen poder adquisitivo. La reforma del 2012 repartió de forma desequilibrada el severísimo pago de la factura de la crisis. Fueron las empresas quienes mejoraron su competitividad con la reducción salarial y de los costes del despido o los contratos temporales. En este caso, con alta densidad de fraude en sectores como el turismo y la hostelería. Una reforma cuestionada por el Tribunal de Justicia de la UE precisa que el Ejecutivo afronte ajustes a favor de una mayor justicia social y menor desigualdad. Y más si ya conoce que la oposición, liderada por el PSOE, quiere derogarla en esta misma legislatura.
