No es una novedad ver cómo el sector turístico y comercial se queja --de forma más ostensible cuando llega la temporada estival-- de la competencia ilegal y de las repercusiones económicas que se derivan del top manta en España. No solo en cuanto a la pérdida de beneficios, sino también de puestos de trabajo. No en balde, la venta ilegal en la calle siempre ha sido uno de los factores que contribuyen a la insatisfacción de la ciudadanía y a la preocupación por la seguridad. Y si no que se lo digan, a nivel local, a localidades costeras como Peñíscola, donde la Policía Local ha intervenido solo en este mes 7.000 objetos, en su mayoría falsificaciones de ropa deportiva y complementos, además de tramitar 11 denuncias a vendedores. Otros municipios altamente turísticos de nuestro litoral como Orpesa y Benicàssim también trabajan por intentar combatir la presencia de manteros de sus paseos marítimos.
No obstante, la ya habitual estampa que protagonizan estas mantas hacinadas con productos de dudosa procedencia no debería venir acompañada de pintadas turismófobas como las aparecidas el lunes en Peñíscola. Primero, por el mensaje de odio y rechazo hacia los visitantes foráneos, cuando miles de establecimientos viven del turismo en nuestra provincia; y segundo, por el deterioro del mobiliario urbano. No existen soluciones mágicas para solucionar este asunto, pero lo que está claro es que, como tuvo que recordar el Ayuntamiento de la localidad en redes sociales, la falta de civismo no es el camino, puesto que el coste de limpiar las zonas afectadas y devolverlas a su estado natural lo pagamos todos.
