Tras seis años de una polémica instrucción por la jueza Alaya, a la que los socialistas descalificaron sin cesar, se inició ayer en Sevilla el primer juicio del caso de los ERE, la llamada pieza política, en la que están procesados dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 20 altos cargos. Ni Chaves ni Griñán --para el primero se piden 10 años de inhabilitación y para el segundo hasta 6 años de cárcel-- están acusados de haberse enriquecido personalmente, dato al que se aferran los socialistas para diferenciar este asunto del caso Pujol o de la trama Gürtel, y tampoco ha podido ser probada la presunta financiación irregular del PSOE andaluz. Lo que se juzga, en realidad, es un aspecto de la forma de gobernar Andalucía por un partido que no ha conocido la alternancia y que, con la distribución de ayudas sociolaborales (741 millones de euros en una década), creó un sistema clientelista «improcedente» destinado a sostener a empresarios, intermediarios y trabajadores (126 sin estar adscritos a ningún ERE) afines al PSOE, según la fiscalía.
El juicio, en el que hay 300 acusados y puede durar un año, ha sido siempre la gran arma arrojadiza que el Partido Popular ha lanzado contra el PSOE cuando los socialistas han denunciado la corrupción del partido de Mariano Rajoy. El PP, por cierto, ejerce en este caso la acusación popular y actúa de la misma forma que reprocha al PSOE en el caso Gürtel y en otros varios.
