Ayer compareció en la Comisión de Coordinación, Gobierno y Régimen de Instituciones de la Generalitat, en la cual soy portavoz de mi grupo parlamentario, la señora Fiscal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, una persona muy involucrada en la defensa y protección de los menores y en la promoción de los derechos sociales.

Compareció para informarnos de la Memoria 2018 de la Fiscalía, la cual he leído con suma disposición, interesándome por un tema en el que quise profundizar un poco más detenidamente y aprovechar la oportunidad que tenía de preguntarle. El tema de la trata personas, donde la Fiscalía Provincial de Castellón, señala que pese a ser un fenómeno criminal de extraordinaria gravedad por atentar contra los delitos fundamentales básicos de las personas, no ha sido regulado debidamente hasta la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 5 /2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, con la introducción del artículo 177 bis dentro del articulado.

La misma Ley 5/2010 dice, en su exposición de motivos, que este no es un delito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que abarca todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o transnacionales, relacionadas o no con la delincuencia organizada. Pero la realidad es que la mayoría de víctimas del delito de trata son extranjeras, mujeres extranjeras. La propia Memoria lo confirma. En los tres casos con sentencia de la Audiencia Provincial en Castellón, las víctimas son personas extranjeras.

Somos conocedores de que un número no determinado de mujeres viaja anualmente de distintos países del mundo, especialmente de Latinoamérica y de Europa del Este hacia territorio español, bajo el aparente viaje de turismo, con el claro fin de ser sometidas y ser explotadas sexualmente, ya sea en locales o en las calles. Los grupos organizados o mafias que las traen se encargan de toda la logística para lograr negociar con los cuerpos y las vidas de estas mujeres que más pronto que tarde empiezan en Europa no un sueño, sino una pesadilla de soledad y terror. Inician una vida indigna.

Pregunté a la señora Gisbert si en la Fiscalía Superior cuentan con estadísticas sobre la nacionalidad de estas mujeres y sí existe un protocolo de actuación a nivel autonómico. A lo primero me dijo que el sistema informático que utilizan, el Fortuny, no permite grabar este dato. A lo segundo, nos informó que el protocolo es el policial y que es un tema difícil de llevar, pero que la oficina de ayuda a la víctima del delito va dando apoyo a estas mujeres, ya que está para asesorar e informar a todas las víctimas.

Una interesante presentación de la Memoria anual, con mucho contenido de diferentes ámbitos y datos importantes que muestran la evolución de la criminalidad en nuestra sociedad, la prevención y las mejoras alcanzadas, pero está claro que queda mucho por hacer.

*Diputada de Unides Podem por Castellón en les Corts