El conflicto institucional con Cataluña

Hoy, tras un largo periodo de pugna verbal, los trenes llamados a protagonizar el choque institucional entre las instituciones del Estado y la Generalitat partirán de sus estaciones en sentido contrario. Hoy está previsto que, tras retrasar la tramitación de la ley del referéndum y de las leyes de desconexión en la mesa del Parlament para evitar su suspensión, la mayoría independentista apruebe el primer texto y tal vez el segundo. A continuación, la ley del referéndum se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y después el Govern el pleno firmará el decreto por el cual se convoca formalmente la consulta. Cataluña, y el resto de España, entrarán en aguas políticas y legales desconocidas.

Si el guión en el Parlament está más o menos escrito, el primer paso de las instituciones del Estado, también: la impugnación por parte del Gobierno de los textos ante el Tribunal Constitucional (TC) --que estará reunido-- y la suspensión automática que se produce siempre que el Estado recurre iniciativas de las autonomías. Dado que el Govern ha anunciado su intención de no hacer caso al TC, habrá que ver qué mecanismos activa el Estado para que la Generalitat cumpla la decisión del TC. Inhabilitaciones y sanciones están encima de la mesa.

El enfrentamiento, pues, está servido. Ayer la presión del Estado se acentuó a través del Tribunal de Cuentas, que citó el 25 de septiembre a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y media docena de altos cargos políticos y técnicos para comunicarles que tendrán que afrontar los gastos de la consulta del 9-N (unos cinco millones de euros). La decisión, que puede suponer el embargo de bienes de los afectados, fue recibida con gran indignación por el president, Carles Puigdemont, que acusó al Estado de fomentar el miedo y de tomar decisiones antidemocráticas. Dicho por el president que se dispone a convocar un referéndum ilegal.

«Democracia» es una de las palabras que desde las trincheras del procés más se utilizan como arma arrojadiza. El día en que el choque institucional tomará cuerpo, cabe recordar, de nuevo, que es cierto que votar es un acto básico en democracia, pero que no hay democracia fuera de la ley, y que la solución al reto independentista en Catalunya no vendrá de los tribunales, sino de la negociación política. Años de mala política culminan hoy en conflicto institucional.