Unos seis meses después de que los taxistas bloquearan el centro de Barcelona en su pulso con el Gobierno central por la regulación sel sector ante la irrupción de plataformas como Uber y Cabify, los taxis han vuelto a ocupar el centro de Barcelona y los VTC, parte de la avenida Diagonal. Ayer, además, los taxistas de Madrid se sumaron a los paros justo cuando Fitur está a punto de inaugurarse. El conflicto vuelve a estar servido, esta vez contra la regulación de las respectivas administraciones autonómicas.

Hay que asumir que, diga lo que diga al final el reglamento, las posturas son, en efecto, irreconciliables. El proteccionismo del que gozaban los taxistas previo pago de una cara licencia es insostenible, como también lo es la liberalización total que pretenden los nuevos actores. Ni el taxi puede aspirar a acaparar todo el mercado como sucedía antaño ni Uber ni Cabify pueden dañar de forma insostenible un importante sector que se ha erigido sobre un sistema de costosas licencias como una forma, por parte de las distintas administraciones, de privatizar un servicio público.

Es en este contexto en el que las administraciones deben hacer sus tareas, por muy complejo que sea en este caso, que lo es. Mientras las administraciones se acusan de ineficacia e inacción y son incapaces de hacer su trabajo, los taxistas bloquean las ciudades. Esa es la otra cara del conflicto, nefasta. Una cosa es el legítimo derecho la huelga --fuera de toda discusión-- y otra cosa es bloquear el centro de las ciudades ante la mirada estupefacta de muchos ciudadanos y la inacción de las administraciones. Por no hablar de los intolerables actos de violencia protagonizados por taxistas.