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Opinión

 

Editoriales

La consumación de un fracaso

 

07/09/2017

Con la solemne firma del decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1-O después de la aprobación de la ley de la consulta en el Parlament, las instituciones de autogobierno de Cataluña formalizaron ayer el choque con las del Estado. Con el decreto que firmó, Carles Puigdemont ha convocado a los catalanes a una consulta de autodeterminación que es ilegal según el ordenamiento constitucional que en su momento una mayoría de catalanes aprobó en referéndum. La consulta está supuestamente amparada por una ley aprobada tras violentar las normas del Parlament en un proceso carente de elementales garantías democráticas y en el que se excluyó a la mitad del hemiciclo. Se consuma de esta forma el fracaso de la política y se abre un panorama desconocido no solo en el camino que debe llevar al 1-O, sino, sobre todo, a partir del 2 de octubre.

La solemne firma por parte de Puigdemont llegó después de una larga y bochornosa jornada en el Parlament en la que la mayoría parlamentaria de Junts pel Sí y la CUP forzaron hasta el quebranto las normas de la cámara para tramitar y aprobar la ley del referéndum. El filibusterismo que practicó la oposición –armada con argumentos técnicos– no le sirvió para frenar la votación porque la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, se alineó sin complejos con el bloque parlamentario independentista. Bajo su presidencia, una exigua mayoría parlamentaria ignoró a la mitad del hemiciclo, lo que equivale a dejar de lado a la mitad de los catalanes. Para la historia queda cómo ayer se menospreció el debate político, se maltrató a la oposición, se desoyó al Consell de Garanties Estatuàries y se hizo caso omiso a los letrados del Parlament en nombre de la democracia.

La respuesta del Estado fue la previsible. Mariano Rajoy ordenó a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) para que paralice la decisiones del Parlament, y que dilucide si hay responsablidades penales de Forcadell y los miembros de las Mesa del Parlament que autorizaron la tramitación exprés de la ley del referéndum. Es el habitual recurso a la justicia, la herramienta que ha usado el Gobierno de Rajoy a lo largo de los últimos años y que se ha demostrado tan estéril para solucionar el conflicto político en Cataluña como las escapadas hacia adelante del independentismo. Hoy está previsto que Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se reúnan en la Moncloa para simbolizar la firmeza ante las acciones legales que se emprenderán a partir de ahora y enviar un mensaje de unidad.

No cabe llevarse a engaño: lo que se rubricó ayer en realidad fue un fenomenal fracaso colectivo, un desastre político del cual hay muchos responsables (no solo la deriva del soberanismo) y una crisis institucional en España sin precedentes desde la reinstauración de la democracia. Lo que ayer se firmó es la ruptura del orden constitucional, el quebranto del Parlament, la conversión de la Generalitat en una institución que ya no representa a todos los catalanes sino tan solo a un proyecto político que, si bien es legítimo, se ha embarcado en una aventura irresponsable e ilegal a la que han arrastrado a unas instituciones que son, y deberían continuar siendo, de todos. La Generalitat se ha declarado en rebeldía.

Las consecuencias de esta espiral son imprevisibles, pues desconocida es la situación en la que la irresponsabilidad, el frentismo, el radicalismo y el inmovilismo de unos y otros han llevado a Cataluña.