Los casos de corrupción que han salpicado al Partido Popular de Madrid la semana pasada, así como los aparecidos los últimos años, son un lastre no solo para el PP, que es quien los sufre, sino también para la sociedad misma y la calidad de la convivencia democrática.

Desgraciadamente los poco más del 5% de políticos afectados por causas judiciales esconden la realidad de un 95% de políticos trabajadores, honestos y con una gran vocación de servicio a los demás. No estamos ante una democracia corrupta, sino ante corruptos que utilizan el sistema para aprovecharse de él.

Tampoco estamos ante partidos corruptos, sino ante corruptos que utilizan los partidos para ponerlos al servicio de sus propios intereses.

No obstante, es necesario pedir perdón. Perdón a los 800.000 afiliados del partido en toda España. Unos afiliados que en su mayoría ni cobran de la política, ni tienen en la política su modus vivendi. Es más, a muchos de ellos la política les cuesta dinero, sobre todo en los municipios más pequeños; y a otros les ha costado la vida por defender sus ideas --las nuestras-- golpeados por el azote del terrorismo. Unos afiliados que se avergüenzan de lo que algunos, muchos --quizás demasiados--, dirigentes caraduras han hecho, que no es otra cosa que enfangar las ideas y los valores que decían representar.

Pedir perdón también a los ciudadanos; a los que nos han votado y también a los que no lo han hecho, ni lo harán nunca. Porque también a ellos les hemos avergonzado. A unos por haber confiado en nosotros y ahora hacerles sentir cómplices y a los otros por hacer que dejen de creer en el sistema democrático y de valores que más prosperidad han traído a los españoles en toda su Historia.

Pero no es suficiente con el perdón. Los ciudadanos han de ver con ejemplaridad cómo aquellos que han cometido delitos, lo pagan con la correspondiente sanción penal. La justicia ha de ser implacable con quien ha cometido el peor delito posible, el de defraudar a sus compatriotas en todos los sentidos. Condena social y judicial y restitución de los bienes defraudados. No hay otra y no esperamos otra. Y por descontado un propósito de enmienda con el compromiso firme y solemne de arbitrar todas las medidas de control interno para detectar y corregir cualquier desviación en el futuro.

Solo así podremos recuperar la confianza de unos ciudadanos perplejos ante casos que nos asolan como partido y como sociedad.

Si algún partido piensa que está libre de pecado y puede empezar a tirar piedras, más le vale un poco de reflexión y un poco de humildad. O un baño de realismo.

Y no pensar que eso de la corrupción, siempre es cosa de los demás.

Nos estamos jugando la convivencia democrática, que puede verse arrastrada por un tsunami populista teñido de totalitarismo, que puede devolver a España a los años del peor oscurantismo.

*Vicepresidente de la Diputación de Castellón